La frontera entre Colombia y Venezuela está colapsada. El cierre unilateral ordenado por Nicolás Maduro el 19 de agosto de 2015 sigue causando estragos. A pesar de que desde finales de julio de 2016 se ha permitido el paso peatonal por los puentes internacionales, la economía fronteriza permanece resentida, agobiada, y a punto de explotar.

Gracias a la torpe medida de Maduro, unas 7 mil 400 empresas ubicadas en el eje fronterizo sufrieron pérdidas. De ellas, 3 mil 800 empresas e industrias pertenecientes al municipio Pedro María Ureña del estado Táchira redujeron en 50 % y hasta 70 % su personal, según lo informó Isidoro Teres, presidente de la Cámara de Industrias y Comercio de la jurisdicción

La Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira informó que 70 % de las empresas ubicadas en el municipio Bolívar se vieron afectadas por el cierre. En Ureña, el 80 % de los comercios, la mayoría de ellos fábricas de pantalones y carrocerías, no pudieron adquirir suficiente materia prima para producir.

La Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana informó que “hasta julio de 2016 el intercambio bilateral entre ambos países acumuló un retroceso de 40 %”. El cierre de los puentes internacionales constituyó un duro golpe para el comercio binacional. Por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60 % del comercio entre ambas naciones.

En 2012 el comercio colombo venezolano se ubicó en casi 2 millardos de dólares. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que las exportaciones e importaciones procesadas por las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.

Pero el cierre de la frontera decretado por Maduro —hay quienes creen que fue para ayudar a sus amigos de las FARC para que pudieran movilizar a todos sus hombres y todo su armamento sin mayores dificultades y sin la ingrata presencia de vendedores, compradores y curiosos—- generó un notable descenso en el intercambio comercial colombo-venezolano de 34 %.

De acuerdo con estadísticas difundidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DAME), de Colombia, el intercambio comercial entre los dos países pasó de 2 mil millones de dólares en 2012 a tan sólo $770 millones en 2015 y luego a $510 millones durante el primer semestre de 2016. Una estrepitosa caída del 75 %.

Pero mientras los comerciantes, empresarios e industriales de la frontera siguen sufriendo las de Caín, los negocios del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y unos pocos boliburgueses afectos al PSUV, siguen viento en popa. El mandatario tachirense acaba de anunciar la apertura de tres nuevas casas de cambio propiedad de la empresa ITALCAMBIO en la frontera.

Las tres nuevas casas de cambio, las cuales se suman a otras tres que ya estaban en funcionamiento, no fueron sometidas a ningún proceso de licitación pública. Todas fueron asignadas “a dedo” por Vielma Mora, quien parece llevárselas de mil maravillas con el dueño de Italcambio, el empresario “socialista y revolucionario” Carlos Dorado. Las nuevas casas de cambio están ubicadas en las estaciones de combustible La Laguna y La 95,  ambas en el municipio Pedro María Ureña, y la Estación de Servicio Internacional San Antonio, en el municipio Bolívar del estado Táchira.

Hay otras tres casas de cambio, dos en San Cristóbal y una en San Antonio, que comenzaron a operar el pasado 16 de enero, con una tasa de conversión inicial de 4 pesos colombianos por bolívar (que nunca fueron pagados gracias al cobro de comisiones). La tasa de cambio promedio ha sido de 2,5 pesos bolívar, la cual, si bien es cierto es superior a los 0,75 pesos por bolívar que cotiza la moneda venezolana en el mercado cambiario del Norte de Santander, no fue lo prometido por Vielma Mora. Las estimaciones indican que la tasa seguirá bajando hasta ubicarse en 1,50 pesos por bolívar.

Pero mientras Vielma Mora y sus socios siguen llenándose los bolsillos, del lado colombiano hay muchas quejas respecto al doble discurso que mantiene el Gobierno venezolano en torno a la apertura de los puentes fronterizos. El gobernador del Táchira pidió hace dos meses la apertura de los puentes internacionales para permitir el paso de vehículos colombianos cuyos conductores desearan abastecerse de gasolina venezolana. Vielma ideó un plan para vender combustible a 1.000 y 1.200 pesos el litro. Pero Colombia rechazó la oferta señalando que los puentes “no serían abiertos sólo para vender gasolina” y que si se abría la frontera tenía que hacerse de “par en par” para que fluya el comercio binacional como en los viejos tiempos.

De acuerdo con el diario La Opinión de Cúcuta, la Cancillería y la Gobernación del departamento Norte de Santander de Colombia llevan más de seis meses realizando encuentros y organizando el territorio de ese país para cuando se produzca la reapertura total de la frontera. A las reuniones han sido invitados los funcionarios del Gobierno de Venezuela responsables del tema fronterizo, y aunque usted no lo crea, los “líderes revolucionarios” venezolanos, los mismos que se dan golpes de pecho todos los días pidiendo que se abran los puentes para vender gasolina, no sólo no asisten a las reuniones, sino que no responden ni dan señales de vida.

“Colombia lideró el corredor humanitario, los diálogos de las cancilleres, el control migratorio, pero Venezuela no lo hace y todavía no hay control”, dijo el secretario de Fronteras del departamento Norte de Santander, Juan Carlos Cortés: “Estamos buscando tener una frontera diferente, como ellos (los venezolanos) la querían, pero no hay respuesta”.

Según declaró a La Opinión el funcionario colombiano, los delegados venezolanos que se esperaban “han venido fallando en todas las reuniones que se plantearon tanto en transporte como en seguridad”, dos de los temas estratégicos para garantizar que una eventual reapertura cumpla con las necesidades de la comunidad y la tranquilidad para ambos países.

Cortés manifestó su malestar en virtud de que pese a la insistencia de Venezuela de tener una frontera de paz, “los compromisos acordados no se cumplen y no se ha podido definir dónde se quieren sentar”. En pocas palabras, los discursos altisonantes de Maduro y Vielma Mora con relación a la frontera se han vuelto puro gamelote. Los gobernantes venezolanos quieren abrir la frontera sólo para vender gasolina y mantener el negocio de las casas de cambio, pero no para reactivar la golpeada y alicaída economía fronteriza.

El secretario de fronteras de la Gobernación de Norte de Santander señaló que “uno de los temas que más retraso tiene para la reapertura de los puentes internacionales, es el censo de los vehículos venezolanos que circulan por el departamento, sin pagar impuestos y evadiendo los controles de velocidad vigentes y sus sanciones”.

Otro aspecto de mucho interés tiene que ver con los mecanismos para comprar bolívares en Norte de Santander. Las restricciones impuestas por el Gobierno venezolano sobre el billete de 100 Bs golpearon muy duro a los comerciantes de Cúcuta. Más recientemente, el Gobierno de Venezuela prohibió la circulación de los nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares en sus estados fronterizos; y eso conlleva ciertas limitaciones para quienes desean cambiar pesos y obtener bolívares venezolanos.

Vielma Mora vende pesos colombianos a través de casas de cambio ubicadas en Táchira mediante un mecanismo muy cuestionable: recibe dólares en efectivo y por transferencia y luego paga con pesos que se vienen a retirar en Cúcuta. El mecanismo establecido por Vielma y sus amigos para cambiar dólares por pesos colombianos parece violar la Ley contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde el 30 de diciembre de 2015 en Venezuela, pero las autoridades se hacen de la vista gorda.

Pero mientras Vielma Mora viola la ley frente a las narices de las autoridades del BCV, recibiendo dólares de dudosa procedencia para vender pesos, el gobierno prohíbe la circulación de los nuevos billetes venezolanos en todo el estado Táchira, decomisa billetes de 100 Bs de curso legal en los puentes fronterizos y limita las operaciones de compra de bolívares que se hacen desde territorio colombiano.

Los perjudicados terminan siendo, como siempre, los habitantes de la frontera. Quienes residen en la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia, especialmente en los estados Táchira, Zulia y Apure, seguimos siendo tratados como venezolanos de quinta categoría. Quienes se dedican al comercio legal, pagando sus impuestos y respetando la ley, son tratados como delincuentes y contrabandistas. Pero los verdaderos contrabandistas y traficantes, y todos los que se dedican al bachaqueo, al contrabando y al crimen organizado, parecieran tener el apoyo de las autoridades.

El doble discurso de Maduro y Vielma Mora ha hecho colapsar la frontera. Lo que en cualquier otro país del mundo habría sido considerado una ventaja competitiva, para fomentar el crecimiento económico, el bienestar y la prosperidad de sus habitantes, en la Venezuela socialista y revolucionaria es visto como un mecanismo para enriquecer sólo a unos pocos boliburgueses y mercenarios gubernamentales. (Gustavo Azócar Alcalá) /Twitter: @gustavoazocara