El 27 de octubre de 2016, en mi blog “Balanza Jurídica”, en www.balanzajuridica.blogspot.com,  hice público un estudio jurídico denso y amplio sobre la sustentación constitucional y legal del por qué el presidente de la República sí abandonó el cargo. Ello lo motivó el Acuerdo de la Asamblea Nacional, dos días antes, en el que, pronunciándose por la apertura del procedimiento de su responsabilidad política, encomendó a una comisión especial parlamentaria evaluar la posibilidad de declarar ese abandono. En esa ocasión hice llegar ese estudio a varios diputados, incluidos los del Táchira, sin obtener respuesta alguna. El presidente de la nueva directiva de la Asamblea Nacional acaba de anunciar que se procederá a continuar con ese procedimiento para culminar con tal declaratoria.

De ese estudio extenso nuestro voy a reproducir aquí, en forma breve, tres argumentos que fundamentan la certeza de la procedencia jurídica del abandono del cargo por el Presidente. El primer argumento es que el abandono del cargo, como causal de falta absoluta, tiene una connotación especial en materia constitucional, con diferente significación que el abandono del trabajo tiene en materia de derecho laboral. En el caso del presidente de la República, el abandono del cargo tiene que ver fundamentalmente con el incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones que la Constitución le impone a quien desempeña esta investidura, entre ellas las que han sido exigidas en el artículo 236 de la Carta Magna, en donde están señaladas todas sus atribuciones. Entendido en este caso como el descuido de los intereses y obligaciones que debe atender, el incumplimiento grave e injustificado del Presidente de las altas responsabilidades y atribuciones, allí contempladas, está relacionado con  la dirección de la acción del Gobierno destinada a formular e implementar medidas para enfrentar eficazmente la grave crisis económica y social que vive Venezuela. Contrario a ello, la ineptitud, intencional o negligente,  en la conducción gubernamental ha sido puesta en evidencia cuando no ha formulado ni ejecutado políticas públicas acertadas, manteniendo más bien una conducta absolutamente pasiva frente al avance de lo que se caracteriza como la más grave crisis económica y social de la historia republicana del país.

El segundo argumento es que el Presidente ha dictado diversos decretos de Estado de Excepción de Emergencia Económica, el primero de ellos el 21 de agosto de 2015, aplicable a los municipios de frontera del estado Táchira, que luego se fueron ampliando para otros estados fronterizos y posteriormente a nivel nacional. Es de acotar que un Estado de Excepción, en este caso de Emergencia Económica, tiene una temporalidad, máxima de 120 días, es de carácter excepcional, y tiene como objeto que el Ejecutivo Nacional implemente medidas extraordinarias, ante circunstancias extremas que afecten gravemente la vida económica de la nación. Sin embargo, con la complicidad del TSJ, el Presidente, transgrediendo la temporalidad constitucional, ha mantenido la vigencia de estos decretos, con lo cual, con una prueba objetiva, de mero derecho con sus propios contenidos, demuestra que él mismo reconoce que no ha podido reversar esta grave crisis económica y restablecer la normalidad, aceptando con ello que la enormidad de su ineptitud, ineficacia e inacción ha perdurado.

El tercer argumento es que siendo el presidente de la República el primer funcionario público obligado a preservar y garantizar los derechos y libertades de los venezolanos, según lo dispuesto en el artículo 232 constitucional, ha sido el responsable directo de no tomar medidas para resguardar derechos humanos esenciales, como la vida, la salud y asistencia médico quirúrgica de enfermos en centros médicos públicos, incluso de neonatos, el acceso a medicamentos, cerrando canales humanitarios, la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, bienes y servicios esenciales, la prohibición de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, tratos crueles y vejatorios de presos políticos, y la promulgación de leyes aprobadas por el parlamento que ya habrían contribuido a solventar en parte esta tragedia que vive el país y sus habitantes. Estos argumentos, explicados a grandes rasgos, sustentan que el presidente de la República sí ha abandonado el cargo de manera grave e injustificada desde hace ya varios meses.

(*Isaac Villamizar) /*Profesor de Postgrado de Derecho Constitucional