Han usado el tema indígena como bandera en el manoseado discurso antimperialista, no han dejado de utilizarlo en la retórica anticolonialista española cada vez que necesitan inventarse un enemigo externo y hasta se han inventado el “Día de la Resistencia indígena, por cierto con difusas argumentaciones históricas. Sin embargo, toda esa retórica panfletaria ha quedado develada como una impostura en su práctica gubernamental. No es secreto que el gobierno “revolucionario” de Venezuela ha sido un importante comprador de armas a los distintos gobiernos españoles; en el primer semestre del año 2012 fue uno de sus principales clientes e incluyó hasta 2014 gas lacrimógeno tanto para la fuerza armada como la policía. Y en el año 2015 adquirió armamento, salvo material antidisturbios, por más de 13 millones de euros. El fariseísmo no tiene fronteras anticoloniales.
Tampoco han disimulado sus propósitos con el nefasto decreto del Arco Minero del Orinoco en esos 111.843,70 km2 que abarca al estado Bolívar, parte de Delta Amacuro y Amazonas. Aunque los ambientalistas han denunciado con sustentada argumentación los profundos y negativos impactos medioambientales y se advierten los enormes daños que causarán a las comunidades indígenas, afectadas además desde diferentes perspectivas por la explotación ilegal de oro, diamante y coltán entre otros recursos mineros, esto no hace mella en las conciencias revolucionarias.
Menos aún parece preocupar las deterioradas condiciones de los indígenas que están emigrando de sus territorios originarios para ocupar las calles en las ciudades de Venezuela o en el fronterizo Brasil y sobrellevar lamentables modos de vida. Tampoco la proliferación de la malaria, que por ejemplo, se ha extendido en el estado Amazonas, básicamente en dos parroquias del municipio Atures, decretado en el boletín epidemiológico del año 2015 en situación de alarma. Pero en la defensa de la revolución cívico-militar no hay tiempo para estas “bagatelas”.
Y por si fuera poco, este estado Amazonas donde el 54 % de los 143.142 habitantes son indígenas, ha sido objeto de un ensañamiento político sin escrúpulos. Aquí el abuso no tiene nombre, primero fue la burda anulación de las elecciones de los diputados de la entidad emitido por el ilegal Tribunal Supremo de Justicia, maniobra solicitada los diputados afectos al gobierno. Luego la inhabilitación injustificada y tramposa de la Contraloría General de la República al gobernador indígena de la entidad por un lapso de 15 años para ejercer cargos públicos. Sin duda que esa decisión es parte de la venganza del Gobierno por haber perdido hasta el apoyo de las comunidades aborígenes.
La reacción a tanta humillación indígena tenía que brotar más allá del ejercicio electoral y afloró desde el ancestro baniva del gobernador Liborio Guarulla, al desafiar con la maldición del Dabucurí toda esta vileza. Explican los expertos que la fiesta de Dabucurí es parte de una ceremonia sagrada que los indígenas ofrecen a sus ancestros a través de danzas, comidas, frutos y bebidas con el propósito de recibir abundancia y prosperidad, pero cuando se invoca como maldición, entonces los beneficiarios de la prosperidad serán despojados de sus riquezas y sus vidas se hundirán en el dolor y la penuria. El baniva amenazó en los laberintos más oscuros de la vida, esos que tanto preocupan a quienes se creen omnipotentes y en lapidarias palabras les dijo, «les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder cerrar los ojos». Al enterarme que otro estudiante de 17 años fue vilmente asesinado en Táchira por las fuerzas represivas del Gobierno, confieso que, aunque no soy creyente ni indígena, no dejo de pensar en el conjuro del Baniwa. (Mario Valero Martínez)
@mariovalerom