Mandan a prisión a exgobernadora de Colombia por corrupción

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Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira.

BOGOTÁ (AFP) – Un juez de Colombia mandó este miércoles a prisión a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, por su supuesta responsabilidad en un caso de corrupción ocurrido en ese empobrecido departamento del norte del país.

Según un comunicado de la Fiscalía, la exgobernadora fue enviada a “un centro carcelario” por ser la “presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales”.

Pinto, que había sido electa como gobernadora en 2015 salió del cargo en junio de 2016 luego de que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, declarara nula su elección porque se presentó como candidata menos de un año después de haber renunciado a su puesto como alcaldesa de la localidad guajira de Albania.

El proceso judicial en su contra es precisamente por presuntas irregularidades en un contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en Albania.

La Fiscalía pidió su detención al considerar que “en caso de quedar en libertad, la exgobernadora podría afectar el proceso penal a su favor por el poder político que tiene en el departamento” y su “influencia” sobre el sistema judicial local, según el comunicado.

Además, el fiscal del caso recalcó que la exgobernadora “habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad”, cuyos derechos son especialmente protegidos por la legislación nacional e internacional.

Aparte de ella, otros dos exgobernadores de La Guajira se encuentran en la cárcel: Wilmer González, sucesor de Pinto y señalado de delitos de “corrupción al sufragante” por irregularidades ocurridas en su elección en 2016, y Francisco “Kiko” Gómez, que salió del cargo en 2013 en medio de una investigación por varios homicidios y quien paga una pena de 55 años de prisión.

Tras la detención de González, hace casi un mes, el gobierno de Colombia decidió intervenir el departamento para para hacer “transparente” la gestión del dinero público tras registrarse “grandes falencias” en el manejo de estos recursos.

La intervención del desértico departamento, fronterizo con Venezuela, fue ordenada por un lapso de tres años en el que se priorizarán recursos para servicios de agua, salud y educación en la región, recientemente afectada por una fuerte sequía que también ha resultado en la muerte de decenas de niños por desnutrición.

 

Compilación: María Teresa Amaya/coordinadora de noticias internacionales/Diario La Nación