Gobernadores sometidos

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La convocatoria super tardía para unas elecciones regionales chucutas, ha permitido nuevamente desnudar a la dictadura en su comportamiento profundamente antidemocrático.

Haciendo uso del control absoluto sobre el Consejo Nacional Electoral, la camarilla roja no realizó en diciembre de 2016 las elecciones de las autoridades de los estados. Usurparon la soberanía popular durante un año, prolongando de facto el mandato de un grupo de funcionarios en los consejos legislativos de los estados, y a los veintitrés gobernadores.

La presión de la sociedad democrática venezolana y de la comunidad internacional los obligó a una convocatoria parcial del proceso electoral de los estados. Solo llamaron a elegir a los gobernadores, pero no a los integrantes de la rama legislativa, es decir a los diputados o legisladores regionales.

Esta grave anomalía pone en evidencia la perversa intención que está detrás de dicha medida. Actualmente el PSUV controla 22 de los 23 consejos legislativos estadales. Al no convocar la elección de dichos cuerpos, buscan someter de entrada al control de un poder ilegitimo, a los nuevos mandatarios regionales; y tener a agentes políticos, obedientes a las directrices de Miraflores, listos para suceder a los nuevos gobernadores una vez que instalados de forma en sus funciones tengan que reducir su accionar a la mínima expresión, o simplemente enjuiciarlos y destituirlos con cualquier ardid, tal y como han hecho recientemente con un significativo grupo de alcaldes.

El régimen no se anda por las ramas a la hora de irrespetar las más elementales reglas universales de la democracia y de los procesos electorales. Los principios de trasparencia, imparcialidad, equilibrio, seguridad y celeridad son vulnerados sin ningún tipo de rubor. Los procesos electorales, y este regional especialmente, han carecido de seguridad jurídica y transparencia. Convocado primero con retardo de un año, se fija el mes de diciembre para luego adelantarlo hacia octubre, sin precisar ni fecha ni seguridad en los procesos previos de postulaciones y modificación de las mismas. Todo ello con el fin de crearles tal cúmulo de dificultades a los partidos democráticos que terminarán retirándose del proceso electoral. Se puso en evidencia la pérfida intención de forzar el retiro de la oposición, para así lograr una elección donde solo compitieran los candidatos de la dictadura.

Los partidos democráticos respondieron con rapidez a la maniobra. Inscribieron sus candidatos y este 10 de septiembre, en una nueva demostración de vocación democrática, acudimos a las urnas para seleccionar con nuestro voto los candidatos unitarios con los cuales concurriremos a dicha elección chucuta, si es que finalmente la camarilla la efectúa.

Ante la inminencia de una derrota contundente, no podemos extrañarnos de una suspensión o diferimiento de dicha elección. Cualquier excusa es buena para justificar la no concurrencia a las urnas por parte de la dictadura.

Si finalmente terminan efectuando el proceso, y respetan en apariencia los resultados, desarrollarán su ya conocida política de bloqueo y hostigamiento hasta llegar a su total desconocimiento.

Esa ha sido la conducta de la “Revolución bolivariana”, afirmar que reconocen los resultados electorales y acto seguido proceder en la práctica a su desconocimiento. Eso hizo Hugo Chávez con el referéndum de la reforma constitucional del 2007, cuando la mayoría de los venezolanos la rechazamos y luego impuso buena parte de sus normas por ley habilitante, burlando de esa forma la voluntad de nuestro pueblo.

Igual ocurrió con el resultado electoral de las elecciones regionales de 2008, cuando ganamos en siete regiones, las de mayor población electoral del país, y de inmediato modificaron leyes para quitarles las competencias en materia de vialidad, puertos y aeropuertos a los estados, en abierta violación a la Constitución Nacional. Se procedió a reducir fraudulentamente los situados de los estados con gobiernos democráticos, y a instalar gobiernos paralelos a os que se les ofrecía la cooperación del poder nacional.

A partir del 2012 las tres gobernaciones que quedaron en manos de la oposición fueron vaciadas de manera más radical, y el cerco económico y político se acrecentó.

El descaro llegó a su máxima expresión con la elección de la Asamblea Nacional, en diciembre del 2015. La aceptaron, y de inmediato comenzó su desconocimiento hasta terminar eliminándola en la práctica.

Ahora nos preparamos para elegir los nuevos gobernadores, y ya Nicolás Maduro amenaza con destituir a los elegidos, si no se “someten a los dictámenes de la Asamblea Nacional Constituyente”.

El dictador ha podido ahorrarse ese eufemismo y expresar claramente “vamos a destituir a los nuevos gobernadores si no se someten a mis caprichos, a mis intereses”. Quieren “gobernadores sometidos”. No a los líderes de la descentralización y las autonomías, sino comisarios políticos al servicio de la dictadura.

Lo cierto es que la elección de los nuevos gobernadores será otra ocasión para expresar ante el mundo, de manera pacífica y electora, nuestro rechazo a la dictadura comunista, y nuestro ferviente deseo de impulsar un cambio en el poder nacional.

No serán los nuevos gobernadores los funcionarios que puedan ejercer a plenitud sus funciones. No podrán impulsar mayores logros en lo material para sus pueblos. Serán líderes que impulsen el cambio que todos anhelamos, y por el que hemos luchado durante tantos años.

Lanzarán contra ellos todo tipo de ataques, y volveremos a observar juicios exprés en el Tribunal Supremo o en la ilegitima e inconstitucional Asamblea del gobierno, mediante los cuales los destituirán y encarcelaran.

Todo ello es parte de ese voluminoso expediente de arbitrariedades cometidas por quienes una vez hablaron de “democracia participativa y protagónica” y han terminado, tristemente, en una vulgar y penosa dictadura. Estos procesos los hemos tenido que vivir y procesar, para poder demostrar hasta la saciedad la naturaleza criminal y autoritaria de la barbarie roja que gobierna la nación.

Así legitimamos, aún más, la lucha de toda nuestra sociedad para la recuperación de la democracia. (César Pérez Vivas)