Consulta y simulacro copan la escena política

135

Hoy, domingo 16 de julio, en un proceso inédito en la historia de Venezuela, amparados en el artículo 70 de la Constitución, pueblo, sociedad civil organizada y dirigencia opositora, encabezados por la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional, consolidarán su llamada consulta popular para expresar su rechazo a la Constituyente planteada por el presidente Nicolás Maduro, exigir la restitución de la institucionalidad de la Fuerza Armada y los demás poderes públicos, así como demandar respeto a la Carta Magna. 

Paralelamente, tendrá lugar en el país el simulacro para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que congregará a la maquinaria del PSUV inicialmente en cinco plazas de la capital tachirense, entre ellas Bolívar, Venezuela y Sucre.

La consulta de este domingo fue anunciada por las fuerzas opositoras del país luego de más de dos meses de protestas continuas, que ya deja saldo de un centenar de venezolanos, motivo por el cual se declararon en rebeldía e invocaron los artículos 333 y 350 de la Constitución.

Diario La Nación consultó a dos abogados constitucionalistas para conocer su visión respecto a este mecanismo que ha desencadenado posiciones opuestas. Pero además, genera expectativa porque surgió como respuesta a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro el próximo 30 de julio, indicando que es para avanzar en la paz del país y mejorar la Carta Magna.    

“Es un hecho antijurídico sin validez”

Euclides Quevedo, abogado constitucionalista

Para el abogado constitucionalista y miembro del Frente de Abogados del PSUV, Euclides Quevedo: “El golpe mediático que adelanta la Asamblea Nacional hoy, en contumacia, en desobediencia, en desacato, sin validez alguna de sus actos, es un hecho antijurídico y contra todo el orden y el estado constitucional de derecho de la República”.

“Se pretende con este hecho el 16J desafiar el estamento constitucional para crear una matriz de opinión amplificada por la mediática, para viralizarla en redes virtuales, creando tendencias globales, creyendo que tal actividad puede desencadenar en más violencia y destrucción”.

Insiste en que se trata de “una actividad al margen del ordenamiento legal y jurídico, intentando subvertir los legítimos eventos eleccionarios en puertas a la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que está en pleno desarrollo”.

—Alterar ese orden jurídico por un tumultuario, desconcertante y confuso hecho al ordenar a sus partidarios el uno por diez, que no es más que un solo sujeto deposite como mínimo 10 votos, recorriendo todos los lugares que puedan durante la supuesta jornada, sin ningún control, sin ninguna metodología, sin ningún chequeo de listado y, peor aún, al fin pretenden quemar o destruir para desaparecer las evidencias— expone el jurista.

“Pretender un hecho como este ensayo, llamado por ellos plebiscito, al margen del ordenamiento jurídico y del orden constitucional, no es más que la continuidad de las estrategias que buscan la destrucción del Estado Nación y de la norma que organiza este Estado, que no es otra que la Constitución Bolivariana”.

Refiere Euclides Quevedo: “Durante 18 años esta oposición política ha mantenido un estado de excepción de hecho, asediando a una parte muy reducida de los sectores de clase media, manteniendo ese acorralamiento en urbanizaciones con total desesperación y desasosiego, violando los más elementales derechos humanos, no solo a la vida, a la libertad, al libre tránsito, sino también al bien más preciado de un grupo humano, como es la paz”.

“Ya desde la independencia de la República la lucha era contra los ´realistas´ que abogaban por los intereses del imperio de la época; hoy no es distinto en el siglo XXI, es una denodada batalla contra quienes desean entregar las inmensas riquezas del país, sin importar la Patria, la independencia, y la soberanía”.

“El partido PSUV es el mayor partido político del país, con más del 35 % de simpatía, es la primera fuerza política. Y los partidos agrupados en la MUD, todos de oposición, no alcanzan 26 % de simpatía; pero además, todos los sondeos de opinión indican que más de 80 % de la población está en total desacuerdo con la violencia; y que 74 % aboga por el diálogo, el cual pasa por la consulta legítima a la que estamos llamados el próximo 30 de julio en todo el país por el bienestar y la pacificación de todo el pueblo venezolano”. (LZ)

“Es un acto real de participación democrática”

Wilfrido Tovar, abogado constitucionalista, diputado y dirigente socialcristiano

“La consulta popular de hoy 16 de julio constituye un acto legal que busca ser refrendado por el pueblo. Es el pueblo el que pide en expresión de su soberanía, sin ataduras ni formalismos inútiles, mediante tres preguntas, determinar la ruta definitiva y concluyente del conflicto político y social del país”, opina el abogado constitucionalista, diputado y dirigente socialcristiano Wilfrido Tovar.

“Dicha consulta es inédita y corresponde a la necesidad urgente de detener una conflagración entre hermanos, acabar con la pugnacidad, el revanchismo y la destrucción nacional”, subraya.

— Apelar a la soberanía popular para consultarle una materia de real interés nacional es un acto de democracia participativa y protagónica que no está sometido ni a formalismos inútiles, ni mucho menos a restricciones judiciales o administrativas porque, además, el derecho a emitir opinión de los ciudadanos es humano, progresivo, sometido solo a una condición: debe ser un acto de absoluta paz, alejado de toda anarquía y violencia— esboza el jurista.

A su juicio, “es mejor que el pueblo se exprese a seguir contando muertos, que diga si está de acuerdo o no con la Constituyente convocada por Maduro, sin consulta popular previa, si demanda a la fuerza armada el acatamiento y defensa de la constitución de 1999, y si está de acuerdo con que se establezca un gobierno de unión nacional”.

—Es legal y es constitucional la consulta, ya que su convocatoria proviene del órgano que representa la voluntad popular como lo es la Asamblea Nacional,  partiendo de una interpretación amplia y no restrictiva de los artículos 70 y 71 de la Carta Magna, entendiendo que este es un momento protagónico del pueblo y no de un mandatario, partido o grupos de interés.

Augura Tovar que: “El día después de la consulta popular, es decir el 17 de julio, el mundo hablará sobre la historia de un pueblo que alegre y que por millares determinó el futuro definitivo de la Nación”.

“Al cerrarse todos los caminos de expresión democrática, sus consecuencias eran de esperarse: cien días de protesta generalizada y continua con sus resultados en muertes, represión, encarcelamiento y apertura de juicios militares,  drama actual de este país que lucha por retomar el imperio de la Constitución y la construcción de un gran acuerdo que permita constituir un gobierno de emergencia y unión nacional”.

—Un gobierno que detenga la confrontación política y tome medidas urgentes en el ámbito económico, se abra al canal humanitario que permita el ingreso al país de alimentos y medicinas, busque acuerdos de convivencia política, promueva un entendimiento nacional, que detenga el odio irracional, preparando en un lapso perentorio la convocatoria a elecciones generales libres, con recorte de todos los mandatos; este escenario político posible debe ser refrendado por el pueblo; y en eso consiste la consulta popular de este 16 de julio— concluye. (LZ)