“Pueden morir 200 mil pollos por interrupción irregular de suministro de alimento a 25 granjeros”

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Diputado Manuel Peñaloza, presidente de la comisión de Desarrollo Económico del Clet

La comisión de Desarrollo Económico del Consejo Legislativo iniciará una investigación para determinar quiénes estarían detrás de un “falso positivo”, luego de que el pasado viernes, 17 de marzo, un funcionario, identificado como José Luis Omaña, hiciera señalamientos contra la empresa “Importaciones El Surtidor C.A.”, que abastece de este producto y  huevos a buena parte de los Clap y apoya a instituciones en la entidad, y de manera “irregular” se produjo la suspensión temporal de los cupos para el suministro de alimentos para el engorde de los animales, motivo por el cual “están a punto de morir 200 mil pollitos en proceso de cría”.

La denuncia la formuló el legislador Manuel Peñaloza, al  recibir a algunos de los afectados en su despacho, quienes le expusieron que: “A pesar de la que Zodi Táchira, la Redi Andes, Sunagro y distintos organismos de seguridad vigilan todas las transacciones de este tipo de alimentos para pollo de engorde y se cumple con los requerimientos para recibir los mismos, la situación no ha sido solventada y afecta a unos 25 granjeros en el Táchira, de los municipios García de Hevia, Seboruco, Ayacucho, entre otros”.

Relató Peñaloza que: “los granjeros están angustiados por la pérdida de los pollos, si no hay respuesta inmediata. Hay alrededor de mil 6 pollos que han muerto antes de tiempo y la cifra ascenderá si no se atiende con prontitud esta situación irregular”.

Por ende, indicó que la comisión que preside se ha declarado en emergencia, para “atender a las cuatro comunidades que se ven impactadas por esta suspensión de alimentos para pollos”.

Mencionó que la empresa Agroguica ofreció la posibilidad de ayudarles con suministro de alimentos directamente a los granjeros, pero no se ha concretado aún. No obstante, insistió, “creemos que se debe restituir el alimento urgente para estos pollos, porque eso atenta contra la seguridad agroalimentaria del Táchira y sus habitantes”.  (LZ)