En la torre quemada solo hubo trabajos parciales entre julio de 2009 y diciembre de 2011. (Foto/Archivo/Gustavo Delgado)
En la torre quemada solo hubo trabajos parciales entre julio de 2009 y diciembre de 2011. (Foto/Archivo/Gustavo Delgado)
En la torre quemada solo hubo trabajos parciales entre julio de 2009 y diciembre de 2011. (Foto/Archivo/Gustavo Delgado)

La torre B, en planos y documentos llamada el “Edificio Sede” del Centro Cívico, está cumpliendo 10 años sin que nadie, ni oficialistas ni opositores en el poder, le devuelvan la vida. Azotada por un incendio en diciembre de 2006, sigue exhibiendo a los habitantes de San Cristóbal 5.100 metros cuadrados, siete plantas, entregados a la soledad.

Era epicentro del poder público: sede del Consejo Legislativo, pero también de la Contraloría (piso 2, donde se presume comenzó el fuego). Inaugurado el 31 de marzo de 1986, el Centro Cívico fue construido en siete años. La tarea pendiente de reconstruir únicamente su torre B ya superó el tiempo de hechura de todo el complejo.

Aunque hace una década Zoraida Parra dirigía la Zona Educativa, había sido legisladora en esas instalaciones entre 1992 y 1998. Lamenta lo sucedido, porque reconoce al Centro Cívico como un ícono de San Cristóbal. “Y, ese ícono no debería dar muestra o reflejar desidia, abandono e ineficacia”, comenta, al advertir que todo proceso tiene sus bemoles, que a veces no son atribuibles a la voluntad individual de un gobernante.

En la otra acera de la política, el también diputado y secretario general de AD, Miguel Reyes, coincide en que ese coloso arquitectónico es un ícono de San Cristóbal. Pero, a 10 años de los sucesos, refuta: “Ver así la torre B lo que marca es el culto a la incapacidad de un gobierno que tuvo todo el apoyo popular, de las instituciones, y que manejó la suma más alta de recursos en la historia política del país”.

Lo hecho y lo no hecho

Parra, ahora presidenta del Consejo Legislativo, recordó que el exgobernador Ronald Blanco hizo su intento: dejó recursos considerables (adjudicados a FEDE) para adelantar algunas fases de la reconstrucción: “Se hizo un intento serio por despejar los escombros, limpiar y tratar de adelantar la recuperación del proyecto arquitectónico”.

La dificultad durante la última década es que entre los años 2009 y 2013 no hubo continuidad administrativa en el gobierno regional y César Pérez Vivas “no se preocupó de darle un remozamiento a esta obra”, acusa la diputada Parra, también militante del PSUV. “No fue sino hasta el año 2013 cuando el gobernador Vielma Mora volvió a insistir con la dirección del Centro y la fundación que conviven allí”.

Reyes piensa distinto. Bajo la premisa de que el Gobierno no construye, sino que destruye, rememoró que todos los reclamos que en los últimos 10 años ha enarbolado la oposición sobre este particular, al Gobierno ninguno le gusta. “No ha habido interés de recuperar una obra de la democracia, porque a ellos lo que les interesa es robarse los recursos”, fustiga.

El jefe de los adecos en el Táchira instruyó que le corresponde al gobernador del estado diligenciar recursos para esta obra ante el Consejo Federal de Gobierno. “Pero Vielma Mora ha hecho caso omiso”, contrapone.

Según el documento de registro del Centro Cívico San Cristóbal, fechado en 1986 y revisado en 2014 por Diario La Nación, 65,5 % del complejo arquitectónico es de copropiedad privada. El restante 34,5 % pertenece a la Gobernación del Táchira; un porcentaje que se materializa en la torre B (sin contar la plataforma 1 y la planta baja), el auditorio y alrededor de dos pisos del edificio A.

El próximo, debería

Nunca va a ser tarde para devolverle a San Cristóbal uno de los íconos de la modernidad, confía Parra: “Es tiempo de recuperar, a pesar de la dificultad, una obra de tanta envergadura”. La titular del Legislativo considera que, cualquiera que aspire a ser gobernante, debe insertar esta recuperación dentro de sus planes y proyectos. Llama a este esfuerzo en 2017, sin mezquindad. “Que podamos todos coadyuvar”, se ofrece.

Reyes incluso se ha comprometido a solicitar un derecho de palabra en el CLET para exigir la recuperación de la torre B. “Es un compromiso de quienes estamos en el escenario político que, en los próximos gobiernos que vienen, uno de los primeros esfuerzos sea esta restauración. Debería hacerlo un gobernador que se preocupe por los tachirenses”.

En otra idea más coincidieron la revolucionaria y el opositor: en la necesidad de también sanear y mejorar los alrededores del Centro Cívico. “Ahora la plaza Bolívar es un mercado persa”, observa Reyes. “Tenemos que hacer un esfuerzo para que el Centro Cívico no siga siendo el asiento de personas que están haciendo acciones impropias contrarias a derecho”, considera Parra.

“La quema fue ex profeso”

Era sábado. Víspera de unas elecciones presidenciales. “Fue un momento difícil, los indicios marcaban en ese momento que habría una salida inminente del Gobierno nacional y, por ende, de los regionales”, evoca el diputado Miguel Reyes aunque, al final del domingo, se supo que Hugo Chávez aventajaba a Manuel Rosales por 25 % de los votos. “De manera objetiva y sin extravagancia, la quema fue de manera ex profeso (a propósito, con intención), porque allí reposaban los archivos de la vagabundería al erario público regional de los funcionarios del momento, que no querían dejar huellas que les afectasen su patrimonio o su conducta pública”, asegura.

Daniel Pabón