En 2016 se produjeron 1.032 ejecuciones en todo el mundo, un 37% menos que en 2015. Además, Estados Unidos se ha bajado de la lista de los cinco países que más muertes por pena capital llevan a sus espaldas, un hecho que no ocurría desde 2006.

Estos dos datos esperanzadores se pueden extraer del último informe anual sobre la pena de muerte que ha publicado el martes Amnistía Internacional, sin embargo, pese a la caída de ejecuciones en 2016, las buenas noticias quedan ensombrecidas por un terrible dato.

La organización humanitaria denuncia en una investigación aparte una realidad incómoda: China sigue ejecutando en secreto a miles de personas.

“China aspira a ser un líder en la escena mundial, pero en lo relativo a la pena de muerte ejerce de líder de la peor manera posible: ejecutando cada año a más personas que ningún otro país del mundo”, ha afirmado en un comunicado, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

La investigación en profundidad, titulada China’s Deadly Secrets, desvela el complicado y opaco sistema que utilizan las autoridades chinas para ocultar la escandalosa magnitud de las ejecuciones en el país.

El informe de Amnistía revela cientos de casos de pena de muerte que no constan en la base online de datos judiciales , una herramienta usada por el gobierno chino para reafirmar su postura de que el país no tiene nada que ocultar. “El gobierno chino ha reconocido que va a la zaga en cuanto a apertura y transparencia judicial, pero persiste en ocultar activamente la verdadera magnitud de las ejecuciones.  Es hora de que China levante el velo de este terrible secreto y deje por fin de esconder su sistema de pena de muerte”, ha declarado Shetty.

La investigación encontró informaciones sobre la ejecución de al menos 931 personas entre 2014 y 2106, una cifra mínima del total de ejecuciones. De ese número, tan solo 85 de ellas figuraban en la base de datos estatal. Según denuncia Amnistía, esto es una prueba del hermetismo casi total que mantiene China en cuanto a la cifra de condenados y ejecutados a muerte.

De hecho, el gigante asiático califica como “secreto de Estado” la mayor parte de informaciones relativas a la pena de muerte. Eso provoca que tampoco se den a conocer a los nacionales extranjeros condenados a muerte por delitos de drogas, ni los numerosos casos relacionados con el terrorismo o con las drogas. Además, muchas de las confesiones que derivan en condenas a muerte se obtienen mediante torturas y coacciones.

“China es un caso absolutamente anómalo en la comunidad mundial en lo relativo a la pena de muerte, al margen de las normas jurídicas internacionales y contraviniendo las reiteradas peticiones de información de la ONU sobre el número de personas a las que ejecuta”, mantiene el secretario general de Amnistía Internacional.

Pese a todo, desde Amnistía se muestran esperanzados. “Solo unos pocos países continúan ejecutando en gran escala”, explica la organización. Junto a China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán componen el grupo de cinco países con más ejecuciones. Y como afirman en Amnistía: “la mayoría de los Estados no aprueban ya que el Estado arrebate vidas humanas. Con solo cuatro países responsables del 87% del total de ejecuciones registradas, la pena de muerte también tiene los días contados.”