Recién conocida la iniciativa del presidente Maduro, los constitucionalistas se han centrado en dos aspectos: si es necesario o no un referéndum de activación del proceso y cómo se podría interpretar la forma de elección dual, sectorial y territorial, de los constituyentes

Especialistas como Hermann Escarrá consideran que no es necesario hacer un referéndum para que el pueblo diga si quiere o no una Constituyente. En un documento, profesores de Derecho Constitucional de la UCV analizaron que sí sería necesario, porque el Jefe del Estado solo tendría la “iniciativa de convocatoria”.

Daniel Pabón

Los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución concentran la propuesta que el presidente Nicolás Maduro lanzó el lunes 1° de mayo: Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Tres palabras que, a los abuelos, les podrá recordar al Andrés Eloy Blanco de 1946; a los padres, al Hugo Chávez de 1999, y a los hijos, tal vez les despierte más incógnitas que antecedentes.

Una ANC tiene como objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (artículo 347). El Presidente puede tomar la iniciativa de convocatoria (artículo 348). Y los poderes constituidos, como la Asamblea Nacional de mayoría opositora, no podrán en forma alguna impedir sus decisiones (artículo 349).

Nueve objetivos enumeró el jefe del Estado al tomar esta iniciativa: 1) Ganar la paz. 2) Un sistema económico pospetrolero. 3) Rango constitucional a las misiones. 4) Mejorar el sistema judicial y penitenciario. 5) Rango constitucional a las comunas. 6) Rechazo al intervencionismo. 7) Identidad cultural. 8) Derechos de la juventud. 9) Cambio climático.

El primer paso, una vez notificado el Consejo Nacional Electoral el pasado miércoles, será escoger a los hombres y mujeres, llamados constituyentistas, encargados de librar el debate de las ideas y hacer modificaciones a la Constitución de 1999. De ahí que el artículo 2 del decreto de Constituyente haya despertado polémicas en los últimos días.

Este artículo reza: “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto” (Gaceta Oficial extraordinaria 6295).

Para ahondar en esta y otras ideas, se refieren a continuación disertaciones de varios abogados constitucionalistas en el ámbito nacional:

“La votación este 2017 será

universal, directa y secreta”

Que el voto, en este 2017, será universal, directo y secreto, es una “norma de diamante” que se va a cumplir, aseguró Hermann Escarrá, profesor de Derecho Constitucional, en entrevista concedida al canal del Estado Venezolana de Televisión.

A quienes aseguran que la reciente iniciativa de convocatoria del presidente Maduro debe ser llevada a referéndum, como en 1999, Escarrá contestó que son dos realidades distintas: “Aquel 25 de abril de 1999 fuimos a un referéndum de consulta porque en la Constitución de 1961 no había nada al respecto”. Chávez se basó entonces en la Ley de Participación y lanzó aquella consulta. “Ahora hay un Poder Electoral, no una Oficina Electoral”.

Escarrá, quien fue corredactor de la Constitución de 1999, recordó que ese año la elección se basó en circunscripciones geográficas. “Eso está planteado en los mismos términos, en este momento. La idea de ir, igualito, a una elección de circunscripciones de carácter geográfico, conjuntamente con una elección por ámbitos”.

Sobre esa pregunta clave, de que los constituyentistas serán elegidos “en los ámbitos sectoriales y territoriales”, el jurista amplió: “La idea del Presidente son las circunscripciones electorales, las que todos conocemos: tú puedes ir por Carabobo; ella podrá ir por Caracas; el otro por Falcón… esas son las circunscripciones geográficas. Pero hay otras circunscripciones, que son la de los campesinos, la de los trabajadores, la de las mujeres, la de los empresarios… y, así como un estado vota por sus constituyentes, esas circunscripciones también. Entonces, ahora sí se presenta una visión integral de la nación”.

El catedrático ejemplificó que, en el caso de un trabajador, la organización de los trabajadores postula, pero el acto de votar sigue siendo universal, directo, secreto y democrático. “No cabe objeción alguna”, sentenció, en entrevista con Venezolana de Televisión.

Sobre los pasos inmediatos a seguir, Escarrá explicó que la Comisión Presidencial Constituyente hará una consulta general “muy intensa” y, de las observaciones que ellos hagan, Maduro elaborará las bases comiciales y las enviará al Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, el abogado constitucionalista Jesús Silva consideró que la Asamblea Constituyente no solo es la mejor sino que es la única solución para la crisis política del país. “A través de una Constituyente es posible ir a elecciones generales este mismo año y, con eso, destrancar el juego institucional que venimos atravesando los venezolanos”, dijo, en entrevista al programa Primera Página, en Globovisión.

Sobre las bases comiciales, Silva dijo al canal de noticias que el Consejo Nacional Electoral tiene que regirse por lo que ya establece la Carta Magna vigente, esto es, el pluralismo y la participación de todas las caras de la sociedad venezolana. “Esa es la garantía de plena democracia para esta Asamblea Constituyente”, expresó.

Consultado sobre si resultará de los comicios una supuesta “Constituyente chavista”, respondió que eso dependerá de lo que escoja el pueblo. Al final, Escarrá aclaró que la soberanía residirá intransferiblemente en el pueblo, porque será el pueblo el que tendrá que aprobar o improbar la propuesta de nueva Constitución que hagan los constituyentes.

“En referéndum el pueblo debe

decidir si quiere o no la ANC”

Profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela afirmaron, mediante un comunicado público, que “cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), necesariamente, debe ser sometida a referéndum para que el pueblo se pronuncie en torno a si la aprueba o no”. En ese referéndum, igualmente, “deben ser sometidas a la aprobación popular las bases comiciales que regirían la elección de los integrantes de la Asamblea, así como el tiempo de duración de la misma”.

Una vez aprobadas la convocatoria y las bases comiciales, los 17 profesores firmantes indican que debe irse a la elección popular de todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. “La elección de sus miembros debe ser por sufragio democrático: es decir, libre, universal, directo y secreto”.

Al respecto, y basándose en la mención hecha por el presidente Nicolás Maduro a las comunas como eventuales electores, los académicos advierten: “Las comunas (…) son entes absolutamente identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela”, de acuerdo con el plan “Comuna o nada, Chávez vive”, del Ministerio de Comunas.

En el primer artículo del decreto publicado en Gaceta Oficial, el Presidente convoca “una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro pueblo, como depositario del poder constituyente originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria”.

En este sentido, el abogado, doctor en Derecho y profesor de la UCV y UCAB, José Ignacio Hernández, explicó en un artículo publicado en el portal de análisis Prodavinci: “La decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente solamente puede tomarla el pueblo mediante un referendo, mediante el voto directo, secreto y universal. En ese referendo el pueblo deberá decidir si quiere o no acudir a una constituyente”.

Argumenta Hernández que: “La única competencia que tiene el presidente de la República, en Consejo de Ministros, es solicitar al Poder Electoral que convoque al referendo popular. Más nada. Pero en el artículo 1 del decreto comentado, el Gobierno tomó la decisión de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que no se ha consultado al pueblo si quiere o no acudir a ese mecanismo”.

Sobre la elección de constituyentes “de manera sectorial y territorial”, el abogado Hernández hizo el siguiente razonamiento: “Esto lo que significa es que esta asamblea no será resultado del derecho al sufragio, sino de un sistema de elección por ‘sectores’, permitiendo a cada sector definido por el Gobierno (la clase obrera, por ejemplo) designar, dentro de su seno, a los representantes ante la Asamblea Constituyente. Al menos, como se dijo el 1° de mayo, para la mitad de los constituyentes, lo que garantiza al Gobierno controlar a esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente”.

En su artículo de Prodavinci, Hernández concluye que “esta elección no es universal”. “De acuerdo con los artículos 62 y siguientes de la Constitución, universal significa que cualquier elector puede postularse al cargo de constituyente y cualquier elector podrá votar por el candidato de su preferencia. Una elección sectorial no es universal, y no es democrática”, escribió el abogado.

Así transcurrió el año y medio del proceso anterior

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez Frías juró la Presidencia de la República sobre una “moribunda Constitución”, la misma que estaba vigente desde 1961. Anunció, de inmediato, su decisión de adelantar la firma de una convocatoria a referéndum, para saber si el pueblo quería una Asamblea Nacional Constituyente.

Luego de que la extinta Corte Suprema le hiciera cambios a las dos preguntas de rigor, esa consulta se realizó el 25 de abril de 1999. Más de 4,1 millones de electores la contestaron de forma positiva con 87 % y 81 % de aprobación, respectivamente.

Después de una breve pero intensa campaña electoral, el 25 de julio de 1999, el pueblo volvió a sus centros electorales, esta vez, para escoger de entre 1.171 candidatos a los 131 venezolanos encargados de redactar una nueva Carta Magna. Esta elección fue únicamente territorial, es decir, por entidades federales. Hubo también constituyentes nacionales, así como representantes de los pueblos indígenas.

Presidió la Asamblea Constituyente el falconiano Luis Miquilena (1919-2016) y, por el Táchira, fueron sus representantes el economista y académico Samuel López, el militar del 4-F, Ronald Blanco La Cruz (después gobernador del estado), el académico y doctor en Historia, Temístocles Salazar, y la abogada Iris Varela (después diputada y ministra). Todos elegidos por votación universal, directa y secreta.

Ese poder originario se instaló en Caracas el 3 de agosto de 1999. Los 131 constituyentistas se agruparon en 21 comisiones de trabajo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, era entonces el encargado del equipo de participación política y ciudadana; un proceso que, como él mismo ha recordado, incluyó la recolección y sistematización de miles de propuestas en el ámbito nacional.

Los debates, intensos y apasionados, marcaron la escena nacional. Los constituyentistas agregaron el adjetivo de Bolivariana a la República, el carácter de la democracia cambió de representativa a participativa y protagónica, emergieron los poderes Ciudadano y Electoral, para los cargos de elección popular no solo cambiaron los periodos sino que también abrieron la posibilidad de referendos revocatorios, confirieron el derecho al voto a los militares activos, reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, así como la soberanía plena de los recursos naturales, entre otras modificaciones.

Todos esos cambios se convirtieron en letra sobre el papel. El 15 de diciembre del mismo año 1999 llegó la hora de someter a consulta popular esos 350 artículos recién escritos: el pueblo les dijo sí con más de 3,3 millones de votos, equivalentes a un 71 % de aceptación.

La Constitución Bolivariana circuló en Gaceta Oficial el 24 de marzo de 2000. Un nuevo texto fundamental implicaba la relegitimación de todos los cargos de elección popular, para adaptarlos a los nuevos preceptos. Por eso, el 30 de julio de 2000 se celebraron las recordadas “megaelecciones”, denominadas así porque en simultáneo el pueblo volvió a escoger presidente, representantes a los parlamentos Latinoamericano y Andino, diputados nacionales y regionales, así como gobernadores y alcaldes. Con más de 3,7 millones de sufragios, o 59 % del total, Hugo Chávez fue ratificado como jefe del Estado.

La anterior narración está basada en notas de prensa de archivo y en estadísticas del CNE. Del recuento se desprende que, desde la firma de la convocatoria hasta la relegitimación de cargos públicos, transcurrió un total aproximado de año y medio de la vida nacional.