El ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol, emitió cuatro resoluciones prorrogando, por segunda vez, la intervención de los cuerpos policiales de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta, según se lee en la Gaceta Oficial 41.753.

Estas policías estadales tienen meses intervenidas. En el caso de Politáchira, el 18 de octubre pasado, cumplió dos años de haberse dado dicha intervención, después de un motín que se extendió por un mes, tiempo durante el cual dos militares han estado al frente de la misma; actualmente la dirige el general (GNB) Jesús Arteaga Simancas.

Reverol justificó la prórroga, debido a que “persisten elementos de presunción que motivaron el inicio del proceso”. Es decir, la presunta incursión de funcionarios policiales en redes de delincuencia organizada.

El procedimiento de intervención de Politáchira se da mediante resolución número 289, del 18 de octubre de 2017, publicada en Gaceta Oficial 41.259, de la misma fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Desde ese momento, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, asumió la responsabilidad únicamente administrativa del cuerpo policial, es decir, el pago de salarios del personal y gastos de funcionamiento. No obstante, la mandataria regional ha insistido en la necesidad de que sean transferidas nuevamente las competencias de este organismo, por considerarlo “fundamental para la garantía de la seguridad de los habitantes” de la entidad  fronteriza.

La mandataria regional infructuosamente ha solicitado la devolución de las competencias de este organismo policial.

En julio pasado, cuando el adolescente Rufo Chacón perdió ambos ojos a causa de los perdigonazos que dos Politáchira le dispararon en el rostro, Gómez condenó duramente el  hecho.

“Me quitaron la Policía del estado Táchira, hace 20 meses, bajo una intervención determinada por el Ministerio de Interior y Justicia, para hoy apagar la luz de nuestros hijos tachirenses; un joven de 16 años, a quien le segaron su futuro por la violencia. No hubo uso de la fuerza pública, hubo una violencia desproporcionada”, manifestó en rueda de prensa.

“Exigimos sea devuelta a la Gobernación la administración de Politáchira, a fin de darle las orientaciones necesarias apegadas a la norma y que garanticen la verdadera funcionalidad de este cuerpo de seguridad, cuyo objetivo está orientado a velar por la seguridad, la paz, protección y resguardo de los ciudadanos”, señaló. (MB)