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Villa Venezuela, el centro comercial que convirtieron en refugio en Puerto Ordaz

29 de enero de 2020

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Entre dos urbanizaciones del noreste de Puerto Ordaz, al lado de lo que otrora fuese el próspero Delicateses La Fuente, estatizado en 2010 y hoy en ruinas, una alta maleza rodea la infraestructura de lo que sería el Centro Comercial Nueva Granada: una estructura comercial de tres niveles, y estacionamiento vertical, hoy convertido en refugio de unas 80 familias que han hecho de la obra gris su nueva casa y bautizado con el nombre de Villa Venezuela.

La empresa Promotora Granada, propiedad del editor del diario Nueva Prensa de Guayana, Rubén Gamarra, y su entonces esposa, Jalousie Fondacci, comenzó la obra en 2006 en uno de los mejores momentos del sector construcción en Ciudad Guayana. Tras la muerte de Gamarra en 2008, la estructura quedó a medio concluir y, después de un litigio legal, la compañía pasó a manos de sus herederos.

Casi 10 años después de la paralización, el centro comercial fue invadido y bautizado como Villa Venezuela. En principio, por desplazados de Puerto Libre y Los Monos, afectados por la crecida del río Caroní. De acuerdo con los residentes, las pocas respuestas habitacionales del Estado no les dejaron otra opción que migrar a donde -al menos- tuvieran un techo.

Villa Venezuela está dividida en dos sectores: en el medio de los dos edificios hay un espacio de tierra y piedras en el que niños juegan a las metras, cerca de la alcantarilla en la que desemboca una parte de las aguas negras de la estructura.

El edificio más cercano a la entrada principal es el más afectado. En los pisos de arriba, la lluvia ha ocasionado que el techo se debilite, toda la humedad ha traído consigo gran cantidad de moho, lo que ha repercutido con enfermedades respiratorias. Las edades son variadas. Desde recién nacidos hasta personas mayores de 70 y 80 años, quienes son los más afectados por los brotes de enfermedades que en Villa Venezuela surgen.

Las servicios básicos son escasos, para el agua tan solo tienen acceso a una tubería que no alcanza para abastecer a todas a las familias, por ello, tienen que hacer uso de tambores y pimpinas que les permitan recoger al menos mientras se pueda.

A pesar que muchos saben que el agua no tiene estándares mínimos de calidad, son pocos quienes pueden pagar agua potable, lo que ha traído consigo innumerables enfermedades. Bronconeumonía, sarna, dengue, paludismo, vómito, diarrea y hasta llagas en la piel son las principales afectaciones que repercuten a esta comunidad, niños han quedado complicados al no haber garantías de salud y no poder costear medicamentos y atención médica privada.

Historias de Villa Venezuela

Lenny Bermúdez es técnico radiólogo y es una de las principales afectadas. Llegó al centro comercial en 2019, cuando ya no pudo pagar el alquiler que, entonces, comenzó a cobrarse entre 20 a 50 dólares mensuales en Puerto Ordaz. Su salario no cubría ni un tercio de lo que cuesta cualquier habitación sencilla.

Robín Morillo comercializaba alimentos traídos de Brasil, por la escasez y decomiso de combustible no ha podido trabajar con regularidad (Fotos: Cortesía/William Urdaneta).

Con 3 hijos, tiene necesidades mucho más urgentes: la comida se convierte en la única prioridad, con una inflación acumulada de 7.374,4% en 2019, según datos de la Asamblea Nacional, las oportunidades de surgir son totalmente escasas.

Lenny y sus hijos viven casi a la intemperie. En dos camas de madera duermen ella y sus hijos, donde la luz entra a través de los espacios que dan a la calle. A cambio de un lugar donde dormir, ha sacrificado la privacidad e intimidad de vivir solos porque incluso tienen que compartir el espacio con otra familia de la cual no los separa ni siquiera una lona.

Vive preocupada al no poder darle calidad de vida a sus hijos. La falta de estructura habitacional no permite un correcto tratamiento en aguas negras. Las lluvias en ocasiones han llevado al colapso de las mismas, siendo un deslave de desechos por los suelos de Villa Venezuela.

Yoanys García tiene 56 años y también se convirtió en vecina cuando el río Caroní inundó su casa en Castillito, en el centro de Puerto Ordaz. Entonces decidió mudarse a este local abandonado.

A pesar de que en varias oportunidades autoridades de Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) han visitado el sitio, desde la última vez -el 6 de agosto de 2019- no han tenido mayores respuestas. En cambio, sí, el requisito expreso de que el único mecanismo válido para la adjudicación de viviendas es el carnet de la patria.

Para ninguno la adaptación ha sido fácil. Personas y comerciantes de alrededor los han rechazado desde un principio, tildados como delincuentes e invasores de la propiedad privada. A pesar de ello, Yoanys manifiesta que esta medida la tomaron como una forma de refugio, y que exigen garantías habitacionales. “De nada sirve el desalojo cuando terminamos en situación de calle”, cerró.

Algunos espacios donde se refugian las personas se encuentran sellados con láminas de zinc y cartones.

“Nosotros no estamos aquí porque queremos”, manifestó Robín Morillo, un trabajador independiente que llegó hace un año de Sucre en busca de mejorar su situación económica y darle una mejor calidad de vida a su familia. Antes, cuando no había problemas de gasolina viajaba frecuentemente a Brasil para comprar y revender alimentos, lo que le permitía darle mejor sustento a su familia, hasta que el cobro de vacuna en la Troncal 10 -vía que conecta al estado Bolívar con Brasil- se convirtió en la autopista del matraqueo por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Ahora ha tenido que hacer recortes y comprar incluso a mayoristas en la ciudad al no poder viajar como antes.

La reubicación para Robín es indispensable. Es padre de 2 niños: un bebé que nació hace pocos días en el Hospital Uyapar y una niña de tres años. Vive en el segundo piso, y a pesar que ha instalado ciertas barandas y bloques en el borde de su habitación, estas no están fijas por lo que le preocupa que alguno de sus hijos pueda caer al vacío al primer descuido.

Su habitación es una de las que está en mejor estado, aun así manifiesta que las lluvias llenan su hogar de agua, las goteras y la misma brisa de la lluvia inunda el piso. Cuando hay sol, Robín dice que el calor hace que el piso y las paredes traqueen.

Los vecinos

El consejo comunal de Villa Granada por su parte no ha estado conforme con esta invasión. Juan Pablo Giliberto, uno de sus representantes, manifestó que la inseguridad se ha desatado con la llegada de los invasores a estructura paralizada, además agregó que hubo dos muertes violentas dentro de la edificación en agosto de 2019.

A mediados de 2019 representantes de este consejo comunal introdujeron en la Fiscalía Superior del Circuito Penal del estado Bolívar una carta de reclamo para exigir el desalojo y reubicación de estas personas. Hasta entonces no ha habido respuestas. Algunos refugiados denunciaron abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Defienden que allí habitan familias y que, de haber algún delincuente, ellos mismos lo entregarían a la Policía.

Buscar la normalidad

A pesar del caos que es vivir allí, los habitantes de Villa Venezuela tratan de crear condiciones que les permita socializar en un ambiente mucho más sano. Aún quedan las luces en el techo de la pasada navidad, mantienen algunos jardines arreglados, familias ordenan y limpian sus casas, algunos venden productos de limpieza y alimentos, y otros tratan de sembrar.

El agua llega a tempranas horas de la mañana pero alrededor de las 2:00 de la tarde el suministro es cortado.

La falta de garantías estatales ha llevado a que algunos de ellos les hayan tocado vivir en la calle, manifiestan que no quieren volver allí, ya que serían condiciones mucho más vulnerables de las que ya sufren.

Mientras el gobierno nacional sigue haciéndose llamar humanista, Villa Venezuela se han convertido el vil reflejo de un Estado que viola derechos humanos y sólo garantiza condiciones de vida infrahumanas.

Datos de mentira

A pesar que Nicolás Maduro, anunció el 14 de enero haber alcanzado el hito de 3 millones 600 mil viviendas desde 2011 por Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), ninguna de estas fue para beneficiar a las personas que quedaron sin refugio luego de perder su hogar durante la crecida del río en 2018. Según datos de Provea, se estima que entre 2014 y 2018 tan solo se construyeron 116.461 por Gmvv, un promedio de 23.292 casas por año. Cifra totalmente alejada del discurso del Estado.

Parte de la estructura en los pisos 1 y 2 se ha ido debilitando y cayendo, generando más peligros a los residentes de la invasión.

En zonas de Puerto Ordaz inclusive, hay obras que quedaron paralizadas y que contradicen la línea discursiva del régimen. Sumado a esto, Oscar Gómez, presidente de la Cámara de la Construcción, indicó que de las 25 mil viviendas que estaban estipuladas construir por GMVV tan solo fueron finalizadas unas 7 mil, además agregó que el déficit habitacional podía rondar las 150 mil casas.

Sin embargo la falta de viviendas no es el único problema de las familias que se encuentran sin casa, en el informe de Provea de 2018, la Cámara Inmobiliaria de Carabobo aseguró que se necesitaban 890 salarios mínimos para poder adquirir una casa popular. Para ese año Venezuela se ubicaba por debajo de Haití en cuanto a la correlación entre el salario y la capacidad de compra de una vivienda convencional, hoy las cifras son peores.

Correo del Caroní