¿Cómo enfrentar la incertidumbre en un año lleno de retos en lo político y social?
18 de enero de 2025
Gustavo Villamizar Durán
En Gaceta Oficial N° 41.781 del 13 de diciembre de 2019, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela emitió el Decreto N° 4.072, en el cual “se instruye al Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura; por medio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, realizar los trámites para la adecuación de la norma que regula la difusión de obras musicales venezolanas por parte de los prestadores del servicio de radio, televisión y medios electrónicos, a los fines de contribuir al reimpulso de nuestro acervo cultural en la República Bolivariana de Venezuela”.
Lo primero que debemos asentar es nuestra complacencia por esta necesaria, aunque tardía, reacción del gobierno bolivariano en la defensa del patrimonio cultural de la nación, ante la acción neocolonial desarrollada por el gobierno de los EE.UU. y otros factores, con posterioridad a la culminación de la segunda guerra mundial y el inicio, al mismo tiempo, de la llamada “guerra fría”. Intención esta solidificada a partir de los años 80 del siglo anterior, con la consolidación de los grandes oligopolios de la comunicación, convertidos en los poderosos ejecutores de la “globalización homogeneizante”, centrada en los valores del capitalismo, echada a andar con toda fuerza luego de la caída de la Unión Soviética y la instauración de las tesis del “fin de la historia”, en la década del 90.
En el decreto en mención se reafirman la necesidad y urgencia de la protección de los elementos conformantes del ser nacional, los cuales vienen desapareciendo de las programaciones de radio y televisión, así como de los medios electrónicos, tendenciosamente asociados a calificaciones del tipo de expresiones atrasadas, anticuadas, rurales, provincianas, “pasadas de moda” y tantas otras, que llevan a algunos a sentir vergüenza de nuestro ser nacional, para justificar la intensa difusión de elementos conformantes de culturas y valores de otras naciones, convertidos en bastiones del propósito transculturizante, hegemónico y neocolonialista.
De tal suerte que la incitación a difundir y proyectar lo nuestro, no puede considerarse una arbitrariedad y absolutamente menos, una limitación de la libertad de expresión tan cacareada por aquellos que hacen de ella un símil de la libertad de empresa. Divulgar y resaltar los elementos de nuestra cultura musical autóctona y/o tradicional es parte de la gran lucha de la humanidad por mantener y cultivar la diversidad, el maravilloso abanico de lo diferente, lo distinto, frente a la imposición de una cultura única, universal y homogénea.
El acervo musical de Venezuela es definitivamente digno de admiración. Es difícil encontrar algún país que congregue un mosaico musical tan amplio como el nuestro. En él pueden localizarse cuatro o más géneros y aires musicales en cada región, autóctonos y/o tradicionales, perfectamente diferenciados y en el caso de aires como el vals, el merengue o el propio joropo, se hallan en cada estado con sus diferencias bien marcadas, las cuales los hacen singulares. De manera que no hay razón cultural, musical y menos, patriótica, para desdeñar o poner a un lado la riqueza de nuestra música nacional, para priorizar los productos repetidos y agotados de la industria cultural.
Ahora bien, no es la primera vez que se establecen normas para la difusión de nuestra música –como el conocido 1 x 1-, las cuales tienen éxito en los primeros meses pero poco a poco se va imponiendo nuevamente la música extranjera y de baja calidad, evidentemente por falta de supervisión y control.
Sería importante, entre otras cosas, para evitar excusas acerca de la carencia de música nacional, hacer una reedición de la maravillosa colección “Venezuela, Cantos de la Tierra”, difundida gratuitamente por el Ministerio de Comunicación e Información en el año 2005, pocos meses después de la promulgación de la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos -Ley Resorte-. Igualmente, tomando en cuenta que parte de la ofensiva transculturizante tuvo que ver con la desaparición de las empresas disqueras nacionales en los años 90, sería interesante que el Centro Nacional del Disco –CENDIS- retomara su proyecto de instalar estudios de grabación en todos los estados del país, para ofrecer a los artistas y agrupaciones musicales las mejores oportunidades de hacer sus grabaciones y difundirlas a través de los medios, conforme a lo pautado por la norma vigente.
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