FundaRedes efectuó ayer, en la sede del Colegio de Ingenieros del estado Táchira, la presentación, al público de los resultados de una de sus investigaciones, a la cual llamaron la “Curva de la violencia”, con la finalidad de dar a conocer las alarmantes cifras recabadas en diferentes actividades delictivas vinculadas a homicidios en la entidad.

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Favio Hernández

Javier Tarazona, coordinador regional de FundaRedes, lamentó que en el país se haya vuelto cosa de todos los días lo que denominaron la “cultura de la muerte”, es decir que la población se acostumbrase a escuchar sobre homicidios y desapariciones, y, junto al Gobierno nacional, permanezcan impasibles.

Explicó el vocero que dicho informe tiene la finalidad de dar a conocer los resultados de los homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos irregulares en seis entidades venezolanas, asegurando que dichas cifras han venido en aumento, en comparación con los últimos años.

Igualmente, instó al Gobierno nacional a preservar la seguridad de sus ciudadanos y a no ignorar las diferentes fechorías que se han venido cometiendo en el territorio patrio. “El Estado debe garantizar que estemos libres de grupos armados irregulares”.

Táchira, segundo estado más violento del país

Asimismo, anunció que el Táchira se ha convertido en el segundo estado más violento de Venezuela, debido a las diversas actividades ilícitas que llevan a cabo los grupos armados irregulares desplegados a lo largo y amplio de los municipios fronterizos, quienes se valen de crímenes tales como homicidios, secuestros y enfrentamientos entre ellos mismos.

También denunció el profesor Taraonza la existencia de más de 150 “trochas” o pasos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela; incluso señaló que hay algunas que llegan a la sede del Seniat y del Destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana, pero el Gobierno se hace de la vista gorda.

Complicidad de la FANB

Alarmado, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha convertido en cómplice del accionar de estos grupos irregulares, alegando que los mismos en ocasiones se prestan a protagonizar dichos crímenes.

Aseveró que cada vez que montan una alcabala cerca de la frontera y anuncian operativos de seguridad, es para extorsionar y “sacarles dinero” a los venezolanos que se movilizan para efectuar sus compras en Colombia.

Sostuvo que la FANB es permisiva ante el accionar de estos colectivos bélicos, exponiendo ejemplos de adoctrinamiento a la población y la presencia de individuos armados en sectores rurales.

Tarazona exigió al Gobierno nacional hacer cumplir el decreto sobre la suspensión del porte de armas en el territorio venezolano, pues no se explica cómo, si el decreto está vigente, existen estos grupos armados merodeando en lugares públicos sin ningún correctivo de ley.

El vocero argumentó que colectivos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “pactaron” con la FANB para trabajar mancomunadamente, y culpó a este grupo de haber ocasionado el desplazamiento de los habitantes de poblaciones rurales hacia otras zonas.

Ignorados por el MP

Destacó que, después de estar durante 10 años introduciendo denuncias ante el Ministerio Público, solo fueron llamados en el mes de enero del 2020 para que comparecieran, lo que demuestra la falta de seriedad que tiene la institución con respecto al tema.

Esto les ha llevado a tener que acudir a instancias internacionales; de hecho, manifestó que recientemente estuvieron en Haití, en donde se presentó este informe y se habló de la situación de violencia en el estado Táchira.

Esperan que su voz sea escuchada, por lo que llevaron al Ministerio público la “Curva de la violencia”, con la finalidad de que sea tomada en cuenta y se aboquen a solventar esta grave problemática que golpea a los habitantes de la frontera colombo-venezolana.