Acelerar investigaciones por presunto robo, extorsión y privación ilegítima de libertad exige un abogado al MP

Un abogado caraqueño que en 2016 interpuso una denuncia ante el Ministerio Público del Táchira, argumentando que había sido víctima de un presunto robo y extorsión en San Cristóbal, por parte de una supuesta banda conformada por civiles y algunos funcionarios policiales, está exigiendo que la Fiscalía agilice las averiguaciones, en razón de que considera que el caso está siendo engavetado a propósito.

Contó Ulises Torrealba, el afectado: “En 2015 yo me encontraba en San Cristóbal por razones laborales, y conocí a la recepcionista de una posada ubicada en la avenida principal de San Cristóbal, en Pueblo Nuevo, con quien sostuve una relación sentimental por espacio de un año, hasta 2016, sin saber que ella ya tenía una pareja estable, por 15 años. Y lo peor de todo es que la pareja sí estaba al tanto de la relación que tenía yo con ella, así como la tenía con otras personas con quienes sale, pues ese es su modus operandi”.
“En junio del año pasado me di cuenta que me habían robado algunas pertenencias que tenía en la habitación de esa posada y decido terminar esa relación porque presumí que había sido ella. Cuando doy a conocer esa situación, comienzo a ser extorsionado y amenazado por teléfono y en persona, por ella y por el hombre que es su pareja estable.

Cuando acudo al CICPC a hacer la denuncia, no la toman y luego eso se traduce en amenazas de mismos funcionarios de ese organismo, por lo que yo hablé con quien para ese momento era el jefe de región del CICPC, pero no se pudo hacer nada porque no se había concretado el acto delictivo y el pago de alguna suma de dinero, producto de la extorsión”.

“Y ya en julio de 2016, se produjo el secuestro de mi persona en otra posada del barrio El Lobo, también en San Cristóbal, donde me encontraba hospedado. Fueron funcionarios del CICPC, que irrumpieron sin orden de allanamiento, me sacaron de allí, me llevaron al CICPC donde me mantuvieron incomunicado, fui agredido físicamente, me robaron dos mil dólares en efectivo y casi 10 mil dólares en prendas, me mantuvieron privado ilegítimamente de mi libertad durante tres días. Ellos no explicaban ni me argumentaban la razón por la que estaban haciéndome eso, nada. Fue por alguien con quien logré contactarme que se dio mi liberación, a través de unas personas en Caracas. Fue después de todo eso cuando me entero que obedeció a una presunta denuncia de Violencia Contra la Mujer, que había hecho la recepcionista contra mi persona, cosa que fue probada con elementos de convicción suficientemente claros ante la Fiscalía 18, de que eso no pasó.

Pero a pesar que se comprobó que todos los hechos eran falsos y que la víctima de un hecho delictivo por parte del CICPC en realidad soy yo, al día de hoy la fiscalía se niega a emitir un acto conclusivo, por cuanto el Ministerio Público está acostumbrado a no perder, y esta es una causa evidentemente falsa desde todo punto de vista”, agregó Torrealba a la vez que explicó que la fiscalía conoce los nombres y cargos de los funcionarios y funcionarias que habrían participado en esta situación.

-Me exigían 200 mil dólares en efectivo, me decían que yo no podía dejar esa relación así, que tenía que darles ese dinero, si no ellos me iban a sembrar droga o cualquier otra cosa; y en este caso lo que me sembraron fue un delito de Violencia Contra la Mujer, que fue demostrado que no hubo tal delito, y eso es lo que yo necesito, que la fiscalía se pronuncie en relación a esa falsa denuncia que no existía, en la las actas fueron forjadas. Yo le pedí al Fiscal Superior del Táchira una averiguación en cuanto a esta fiscal del Ministerio Público. Porque es imposible que con los elementos de convicción que hay, a 16 meses de esta investigación no ha llegado a un acto conclusivo.

“A todas luces, esta es una banda organizada compuesta por al menos siete funcionario del CICPC de San Cristóbal y de La Fría, plenamente identificados en todas las actuaciones y esas dos personas, por cierto que la recepcionista se promueve o anuncia a través de las redes sociales para captar incautos a los que luego de robarlos y extorsionarlos, de paso son detenidos por esos funcionarios que buscan obtener algún beneficio económico”, concluyó.

Miriam Bustos

• 

  Deportivo Táchira, un campeón con autoridad y goles

  25 de noviembre de 2024

• 

  El papa insta a los jóvenes a no conformarse con ser «estrellas de un día» en las redes

  25 de noviembre de 2024

• 

  Cuba recibe 10 toneladas de ayuda humanitaria de Brasil

  25 de noviembre de 2024