Redes sociales y activismo, el duro camino para lograr justicia en el femicidio de Ángela Aguirre

Hace un año que no se la escucha reír, no se la ve bailar, no se la ve bromear, que no está con su familia, que no se pinta las cejas “hasta para salir a la bodega”, como dice su madre, mientras recuerda los días de vacaciones en los que Ángela se quedaba ayudándola en la peluquería, el negocio familiar.

Hace un año que ya no se arregla el cabello y las uñas los domingos para ir toda la semana arreglada para el Colegio Adventista Maranatha, en el que estudiaba. Ya no sueña con ser médico, cirujano plástico, estético o psicóloga porque ya no está. “Como toda joven, toda estudiante, tenía sus anhelos, sus proyectos, sus sueños. Ella siempre decía que tenía el anhelo de arreglar al ser humano”, dice Yerlis, su madre.

Su uniforme escolar cuelga intacto en el closet, los libros siguen en su bolso. Pero ella ya no se levanta a desayunar, o se despierta tarde los domingos, o juega con Ángel, su hermano de 6 años que aún se pregunta por qué, de repente, ya no la vio más. “Ha pasado un año, pero para nosotros esto acaba de suceder. No hemos tenido ni siquiera el tiempo como familia para procesar nuestro duelo”.

Yerlis de Aguirre aún no procesa el duelo, la pérdida de su hija, ¿cómo podría?, cuestiona. “Nadie se prepara para despedirse de un hijo de esa manera. Nos tocó recibir el cuerpo de nuestra hija y llevarlo a la sepultura inmediatamente, este es un daño irreparable para mí familia”. Ángela fue violada y asesinada en marzo del 2019, su caso continúa en juicio.

Siete imputados

Son siete los imputados y privados de libertad por el femicidio de la adolescente de 16 años: Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla y José Zorrilla, por los delitos de cómplices necesarios en femicidio y omisión al socorro.

A José Cedeño, primero su amigo y ahora acusado de su asesinato, le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias. Los imputados están recluidos en los centros penitenciarios Rodeo II y III (los 5 hombres) y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), las mujeres.

El juicio comenzó en octubre de 2019 en el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, pero hasta ahora no hay sentencia. Desde entonces, todos los lunes -antes de la cuarentena- un grupo de oenegés y mujeres feministas defensoras de los derechos humanos se plantan para exigir justicia.

La movilización del caso ha costado protestas, inéditas campañas de difusión en redes sociales, una recusación, denuncias, y bastante dolor. Fueron las redes sociales y la indignación de la opinión pública la que posicionó el caso. “El día de la audiencia preliminar, un grupo de mujeres feministas de Caracas estuvo frente al Palacio de Justicia. Todos los lunes hacen eso, les agradezco infinitamente su apoyo”, manifestó Yerlis.

El nombre de Ángela sobresalió entre los carteles púrpuras que fueron el mejor atavío de una marcha silente emprendida en Guayana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Una representación de la lucha contra un flagelo social que ha cobrado la vida de muchas mujeres en Guayana, y en todo el territorio nacional.

Luego de cuatro diferimientos de las audiencias en Puerto Ordaz, de que los tribunales en el estado Bolívar se hayan declarado incompetentes y luego de reiteradas dilaciones, el caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se hizo la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio, en el que se está exponiendo una prueba por semana. La madre de Ángela ha solicitado que pudieran exponerse 2 o 3 pruebas por semana para acelerar el proceso. “Hasta ahora no se han suspendido ninguna de las audiencias desde que el caso llegó a Caracas, el proceso va con toda normalidad”, dijo Yerlis.

Lo sucedido

La joven de 16 años desapareció la madrugada del 23 de marzo de 2019 en aguas del río Caroní, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz. Fue la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la que inició su búsqueda cuando aún no se había determinado que estaba muerta, -primera irregularidad identificada por el periodista Germán Dam-.

Su cuerpo fue hallado 3 días después, el 26 de marzo, flotando en las adyacencias del balneario El Rey. Desde entonces inició el turbio proceso de investigación. La primera autopsia reveló que Ángela había muerto por asfixia mecánica por inmersión, y presentaba signos de abuso sexual, pues tenía magulladuras en su cuerpo y lesiones tanto en sus partes íntimas como en sus manos. “Tenemos una foto que tomaron justo cuando hallaron el cuerpo de la niña, se puede ver que está amarrada por los brazos” – argumenta Yerlis, con un hilo de voz-, “amarrada con un cable negro en los brazos y donde se puede ver que la tuvieron amarrada hasta el día en que la soltaron”.

Este fue el desenlace funesto de la fiesta de cumpleaños de José Cedeño, a quien le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias.

Con él son siete los imputados y privados de libertad por el crimen. Todos ellos habían zarpado con Ángela, la noche del 22 de marzo en la embarcación La Kaki hacia la isla La Terecaya, del Club Ítalo Venezolano a las 6:00 de la tarde. Todo esto infringiendo las normas náuticas del lugar en las que se estipula que está prohibido el tránsito a esa hora.

“Hubo una gran violencia en lo que le hicieron a ella, estamos luchando para alcanzar justicia por lo que le hicieron a la niña porque sí, hubo violencia, hubo un asesinato”, reiteró su madre.

Iniciaron las averiguaciones, y con estas, las irregularidades y el choque entre versiones. La fiscal designada por el Ministerio Público para investigar los hechos, Emily Hernández, solicitó una segunda autopsia cuyo resultado contradijo -a favor de los detenidos- los resultados de la primera autopsia, esta vez, revelaba que Ángela no había sido violada. Además, solicitó al tribunal que el caso fuese procesado en un tribunal ordinario, desestimando que este fuese un caso de violencia contra la mujer. La abogada defensora de la familia Aguirre, Yamileth Carvajal y la opinión pública, acusaron a la fiscal de corrupción y soborno durante las pesquisas.

Justo antes de la audiencia de presentación, a mediados de abril, se filtró un audio en el que Ángela llorando aseguraba que José Cedeño la había violado. Ese mismo mes también se les dictó privativa de libertad después de cuatro diferimientos. La audiencia preliminar se realizó a mediados de julio de 2019 (4 meses después del hecho).

Por petición de la familia de Ángela, Hernández fue removida del caso. La causa fue tomada por Joselin Mata, fiscal 47 y Renny Amundarain, fiscal 66, ambos nacionales. Y Scarlett Alcalá, fiscal décimo sexto en materia de defensa para la mujer y Danielys Martínez, fiscal décimo tercero en pena ordinaria de víctima, niños, niñas y adolescentes, ambas regionales.

Pero la madre de Ángela desconfía de Amundarain, uno de los fiscales nacionales que lleva la causa. “Amundarain actuó en complicidad con ella (Emily Hernández) para favorecer a estas siete personas acusadas por el femicidio de mi hija. Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales”, sostiene.

Los tribunales en el estado Bolívar se declararon incompetentes. El caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se realizó la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio.

Polémica, revictimización y justificación

El caso de Ángela sacudió a la opinión pública y generó polémicas. El homicidio cometido contra ella se diluía ante la sociedad entre los cuestionamientos de la moralidad o prudencia de Ángela, o las acusaciones a sus padres. Para algunos, eran ellos, y no los imputados, los culpables del femicidio: revictimización y justificación del delito. “Como si ellos fueran los padres perfectos, como si tuvieran a sus hijos metidos en una burbuja donde nadie los va a sacar”, reprocha su madre.

“En el fondo el problema no era ese, el problema era que se había cometido un asesinato, que hubo dilación en el proceso, que hubo una transgresión de las normas del debido proceso en varias de las instancias de investigaciones y de juicio, y eso pasó inadvertido por la sociedad y muy pocas personas le hicieron caso frente a la connotación que tenía la dedicación o no de esta persona a actividades de prostitución”, expresó la abogada y experta en violencia basada en género, Eumelis Moya.

Durante el 2019 la tasa de femicidios aumentó en un 18,89%, es decir, hubo 107 mujeres asesinadas por razones de género, en comparación a las 90 que murieron en el 2018, según la plataforma comunicacional Cotejo. Uno de los casos más emblemáticos del 2019 fue el femicidio de esta joven, en el estado Bolívar, entidad en el que se registró un aumento del 57,14% de femicidios para ese año.

El flagelo parece no disminuir: hasta el 22 de enero de 2020 se registraron 14 femicidios en el país, dos de las víctimas eran menores de edad. Todos los casos envueltos en un espiral de violencia desmedida: disparos a traición, quemaduras, apuñalamientos con saña, tortura y ahorcamientos.

En Venezuela hay 21 tipos de violencia contra la mujer tipificados en la ley. El femicidio es la manifestación más extrema. La violencia basada en género es un problema de salud pública que parece no disminuir en el país, la inacción estatal solo refuerza los patrones de violencia y la reincidencia de los mismos.

“No hablamos de cualquier problema, estamos hablando de un flagelo que arroja unas cifras de ocurrencia elevadas y hasta ahora no han logrado implementarse medidas eficaces para su erradicación”, informó Moya.

Para la abogada experta en violencia basada en género, la clave para mitigar este problema de salud pública es la educación, una socialización de información que le permita al colectivo conocer qué es la violencia, qué implica, cómo se previene, ante quién se denuncia o ante quién acudir en caso de que se produzca. “Es la educación el pilar que soporta el proceso de prevención y la no ocurrencia del problema”, destacó.

“Hay que iniciar por explicar qué es el género y su diferencia con el sexo, cómo el género se traduce en roles sociales soportados en estereotipos o preconcepciones que vulneran a la mujer en su condición de tal”, añadió Moya. Solo inculcando este enfoque se podría impedir la cosificación de la mujer y la revictimización. “En la medida de que se entiende que la violencia no es solo la agresión física o verbal o psicológica de la persona, sino que hay acciones pasivas u omisivas incluso que también son violencia, en esa medida se irá minimizando la ocurrencia del problema”, concluyó la abogada.

Mairis Balza, directora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), resaltó la importancia de que la violencia contra la mujer en todas sus formas no se trate como un tema doméstico, para que no decante en femicidio. “Es un tema de protección y garantía de derechos. Ignorar esta perspectiva deja en el desamparo, desprotección e impunidad a la mujer, frente a la forma más extrema de violencia contra la mujer, reafirmando la concepción machista y patriarcal de las relaciones de poder”.

Además, afirmó que, ante un problema estructural y multifactorial, la respuesta debe ser del mismo modo, es imperativo que “todos los sectores se comprometan en eliminar la tolerancia de la violencia contra las mujeres y en dar mejor apoyo a las mujeres que la experimentan” -y a los familiares de las que murieron producto de ella-.