Favio Hernández

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Karim Vera, salió al paso y explicó lo que motivó a la directiva del parlamento venezolano a pactar un acuerdo con el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, para permitir la entrada de ayuda humanitaria y reforzar el combate contra el COVID-19.

“Esto solo es una muestra de atención de la AN por atender a los ya miles de venezolanos que se encuentran contagiados por coronavirus y que no han recibido la atención pertinente en medio de esta crisis porque la dictadura no tiene como responderles”, comentó.

Aclaró que la acción no representa ningún “acuerdo de rendición o paz” entre los sectores, sino que es un aval para que a la nación ingrese una dotación de insumos y medicamentos contemplandos en los 10 millones de dólares.

Dijo que esta donación constará de insumos de protección y material de bioseguridad para el personal que labora en la pandemia, así como también los medicamentos necesarios para cumplir con el tratamiento de los enfermos por el virus.

Agregó que más bien este acuerdo deja en evidencia a la incapacidad de la “dictadura” hacia el manejo de la pandemia.

PJ hace ocho exigencias

Vera mencionó las ocho exigencias que el partido Primero Justicia (PJ) le hace la gobierno nacional para la recuperación del país, en medio de la propuesta denominada “vida y libertad”.

Establecen la dotación absoluta del personal médico-asistencial que opera en la larga y amplia red hospitalaria de Venezuela con equipos de bioseguridad, así como también la concesión de medicamentos y el fortalecimiento del sistema y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria.

No olvidó la propuesta de los 100 dólares para cada familia en el país, alegando que esto les ayudará a pasear sus respectivas “crisis económicas”. La creación de un “fondo por la vida” dedicado a la pequeña y mediana empresa.

Que la AN, dirigida por Juan Guaidó, sea la que designe a las autoridades del CNE, y que se le permita su reingreso al hemiciclo, todo esto para proporcionar garantías en unas elecciones presidenciales y parlamentarias, y que se le regrese su competencia.

Pidió el restablecimiento del respeto a los derechos humanos y los de los privados de libertad, al igual que exigió la liberación de los “pesos civiles y militares”. También solicitan que la iglesia católica sea incorporada como garantes en dichos procesos.