La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que el próximo miércoles 15 del mes en curso presentará ante el organismo intergubernamental un nuevo informe sobre violaciones de normas, sobre respeto a la dignidad humana en el país, en hechos especialmente vinculados en esta oportunidad con la materia judicial y las explotaciones que se vienen realizando en el Arco Minero del Orinoco.

En la información proveniente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con motivo del inicio del 44º período de sesiones, se citan declaraciones de Bachelet, en las que expresa su reconocimiento al trabajo que viene realizando el personal de la oficina de la comisión en Venezuela desde la firma de la Carta de Entendimiento con el Gobierno nacional en septiembre de 2019 , así como su agradecimiento al Ejecutivo de este país “por la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios”.

Tras valorar como positivo el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad, expresó que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”.

Exacerbación de la crisis

“La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19, dijo, y agregó que acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia” que afecta a la mayor parte del mundo.

“Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”, continuó.

Preocupa muerte de jóvenes

Reconoció, por otra parte, “la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad”, y señala que el Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión; pero advirtió que aunque reconoce la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, “me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe”.

“Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”, dijo.