Alejandro Bautista González
En el tiempo, cuando gobernaba en Venezuela el general Juan Vicente Gómez, ante la protesta de un paisano, era común escuchar esa expresión –la del título- en boca de los encargados de resguardar la ley y el orden, es decir, comisarios, policías, guardas, etc. Eso ocurría generalmente cuando, aun sin tener evidencias en su contra, seriamente comprobadas, se detenía a algún individuo sospechoso de la comisión de un delito, La “presunción” era suficientemente válida para privarle de la libertad y en esta situación, podría permanecer un largo tiempo “encanado”. Tiempos de dictadura. Así era la cosa.
Con la anterior anécdota me quiero referir a la disyuntiva planteada entre el pueblo venezolano, democráticamente mayoritario, que bien podría estar considerado entre un 85 a 90 % de la población oficial de Venezuela, con respecto a los seguidores del “chavismo-madurismo” que, escasamente y en buena lid, alcanzarían la diferencia, es decir, entre el 10 y 15 % del total poblacional.
En efecto, el usurpador gobierno con toda su cúpula gubernamental, luego de una suerte de artificios forjados –suficientemente conocidos por la colectividad- en los que intervienen organismos de dudosa legalidad, afectos al Gobierno, razón por los que su existencia fue calificada, tanto por “la oposición” como por el soberano, de “írrita” y así, también, en consecuencia, sus actos írritos. No obstante, reiteradamente el aludido “usurpador” convoca a efectuar elecciones para Asamblea Nacional, el próximo 6 de diciembre.
La convocatoria sería procedente si el organismo convocante (CNE) fuese legítimo; en nuestro caso no lo es. Solo la Asamblea Nacional (AN) legítima tiene la potestad para su designación. Pero hay más: antes de esta elección, conocido como es del pueblo venezolano y la comunidad internacional, siendo que no fue reconocida la última elección presidencial del actual régimen por no haberse dado fiel cumplimiento al proceso eleccionario, ni procedido conforme a las leyes y reglamentaciones pertinentes, este acto electoral, al haber sido considerado nulo, debe repetirse, antes de cualquier otro evento de similar naturaleza. Hecho que aún está pendiente.
Desgraciadamente, el régimen no piensa igual, por la dialéctica expresada por sus más altos personeros, “corregir o repetir” es inaceptable. Eso no es posible. Pareciera que parodiando a Luis XIV, rey de Francia, quien luego de la muerte del cardenal Mazarino, su tutor, afirmó su intención de gobernar como monarca absoluto, imbuido del origen divino de su poder, ante las protestas del pueblo manifestó “…el Estado soy yo”. Aquí, quienes siguen en el poder, se consideran dueños del país, pretendiendo manipular la propia voluntad del pueblo soberano. De esta manera, al ignorar el régimen los mandatos estipulados en nuestra Constitución Nacional, tácitamente evidencian y ratifican su talante dictatorial. Las siguientes declaratorias, así lo demuestran: “…Ni por las buenas, ni por las malas entrarán más nunca a Miraflores. Ni con votos, ni con balas” (Nicolás Maduro, 2018); la más reciente, “…Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela” (Padrino López, 5 de julio 2020).
Como bien lo dijo el político, el moralista y filósofo Marco Tulio Cicerón –Roma antigua–: “cuando un gobierno se haya decidido a difamar, destruir y asesinar, lo puede hacer con toda impunidad. Ahora nos gobiernan los hombres y no las leyes.”
El pueblo venezolano, soberano y democrático, representante de un 85 a 90 % de la población oficial y de la oposición democrática, en apego a nuestras leyes, tiene sobradas razones al rechazar la convocatoria en comento y exigir su anulación, hasta tanto sea realizada la elección presidencial pendiente, conforme a la ley y con la participación de un organismo electoral, electo igualmente, como lo establece la vigente Constitución, con participación de todos los partidos políticos, todos los venezolanos votantes, incluidos los que están en su momento, sin presos políticos, votación manual y veedores internacionales.
Tal como está propuesto el referido evento, no existen condiciones que avalen su legalidad y transparencia, por lo que el pueblo mayoritario no está dispuesto a convalidar. Pregunta: ¿Para qué convocar a votar, si los resultados ya están cantados?
*Doctor en Cooperación Internacional, Integración y Descentralización: Los Desafíos del Desarrollo Internacional