Javier Tarazona, director general de FundaRedes, compareció ante la Fiscalía del Estado Táchira, donde sostuvo encuentro con el doctor Alejandro Celis, Fiscal Superior, ante quien reiteró las más de 20 denuncias presentadas por la organización (años 2019-2020) sobre las víctimas de violencia en la frontera y los centenares de casos de homicidios, desapariciones, secuestros, enfrentamientos armados y la incursión de grupos armados irregulares en territorio venezolano, consignando las documentaciones adelantadas y los datos de todas estas situaciones.

Durante más de tres horas Tarazona detalló al Fiscal Superior los resultados de las procesos de documentación hechos por FundaRedes, para solicitar que se hagan las investigaciones correspondientes a los organismos del Estado,  al considerar que la denegación de justicia acelera la violencia y permite mayor impunidad en los delitos que se cometen a diario.

El denunciante precisó ante el Fiscal Superior que desde el año 2003 reposan denuncias en el Ministerio Público en Táchira, y también en la Fiscalía General de la República, con una lista minuciosa de víctimas, nombres, edades, lugar de los hechos, donde estas personas fueron asesinadas, o desaparecidas casos sobre los cuales debe hacerse justicia.

Así mismo fue consignada ante este organismo la medida de protección otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Javier Tarazona, su familia y el equipo de FundaRedes, a fin de que se le dé cumplimiento.

En tal sentido declaró Tarazona que “acudimos al Ministerio Público preocupados y con la desconfianza de que se estuviera preparando alguna emboscada, como ya se hace costumbre en Venezuela contra activistas, defensores, sindicalistas y políticos, quienes han sido judicializados y aún están presos muchos de ellos por disentir, por protestar, por opinar; sin embargo no dejaremos de expresar lo que está sucediendo en el país en materia de derechos humanos”.

El director de FundaRedes refirió que desde esta organización defensora de derechos humanos continuarán en su labor con toda la red de activistas en el país, para documentar y denunciar las situaciones de violencia y vulneración que enfrenta la población en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y que ha acelerado los índices de criminalidad en el territorio nacional, sin aceptar ningún tipo de intimidación que se pretenda hacer desde el aparato judicial o policial del Estado. (Prensa FundaRedes)