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28 de noviembre de 2024
Moisés Orraiz Zambrano *
La nueva Ministra de Economía y Finanzas de Maduro Delcy Rodríguez, ha puesto sobre la mesa de los tenedores de bonos, y algunos aspectos importantes referidos al proceso de endeudamiento de Venezuela, comenzando por las llamadas cláusulas de prescripción de intereses y capital de esos contratos, poco conocidas, y que fueron fuente de confusión hace algunos meses a raíz de un polémico artículo del periodista Ben Bartenstein.
Además, Bartenstein puso sobre la mesa una interpretación de estas cláusulas según la cual, si los tenedores de bonos no han demandado sus obligaciones de intereses en el plazo de 3 años, pierden el derecho a hacerlo para siempre (es decir prescriben). El período de 3 años estaría por cumplirse, algún asesor de la ministra Rodríguez le ha comentado al oído que el momento es propicio para plantearle a los acreedores de la República, de PDVSA y de ELECAR, que los intereses exigibles de 29 bonos que se encuentran en default prescriben pronto.
Sin embargo, y según expresa el comunicado, el gobierno de Maduro tendría la “buena voluntad” de llegar a un acuerdo, para que los acreedores no se vieran perjudicados. El acuerdo podría ser visto como un proceso de dos fases: En la primera, el gobierno de Maduro se compromete a cumplir con sus obligaciones si los acreedores renuncian a demandar en tribunales. Posteriormente, el gobierno de Maduro iría a un diálogo para discutir condiciones de reestructuración y repago.
El Ministro Rodríguez ha establecido un plazo de un mes (hasta el 13 de octubre) para que los tenedores manifiesten su voluntad de adherirse a un acuerdo, para que el acuerdo inicial tenga validez legal debe ser presentado en alguna jurisdicción, siendo la jurisdicción natural la Ciudad de Nueva York, pues allí adquieren carácter legal los contratos de emisión de estos bonos. La jurisdicción venezolana no generaría confianza en los acreedores.
Para llegar a un acuerdo, como además lo señaló la ministra Rodríguez, se requiere la adhesión del 75% de los tenedores en cada bono. Pero, además, y no menos importante, hay que recordar que el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por los EE.UU. Un aspecto adicional es que, desde agosto del año 2017, la República de Venezuela y PDVSA están sometidas a sanciones financieras. Ningún ente o persona establecida en los EE.UU. puede transar obligaciones con las anteriores.
Es por ello, que Rodríguez señala que el acuerdo puede requerir «licencia o aprobación regulatoria» por parte del Departamento del Tesoro de los EE.UU., y por ello insta a los acreedores, de manera poco sutil, a iniciar un lobby para levantar las sanciones, desde la perspectiva de los acreedores, se requiere entonces un reconocimiento político del gobierno de los EE.UU. Hacia esta iniciativa ejercida por el gobierno de Maduro, el levantamiento de las sanciones financieras, y la adhesión del 75% de sus congéneres. No es poca cosa.
Pensando «con cabeza fría» los tenedores además se preguntarán: ¿y cuál acuerdo de repago puede ofrecer un gobierno que está desahuciado financieramente? ¿Qué programa económico garantiza que a la vuelta no vuelva a incumplir con los pagos? ¿No es mejor esperar un panorama más promisorio de recuperación del valor residual de esas obligaciones? ¿Hasta qué punto hay que apurarse?, Maduro y sus acólitos nunca han destacado por elegir un buen timing para hacer estas cosas. Venezuela debió ir hace 5 años atrás a una cesación de pagos preventiva y amigable con los acreedores. No lo hicieron y se fueron por el camino de la asfixia.
Entonces en 2015 Venezuela destinaba más del 50% del valor de sus exportaciones al servicio de la deuda pública externa y los ingresos petroleros eran 1/3 de los obtenidos en 2012. Tenedores de la República, PDVSA y los bancos de desarrollo de China conservaban la mayor tajada. En los años 80, Alan García incendió los mercados financieros del mundo sentenciando que el Perú no pagaría más del 10% de sus exportaciones en servicio de deuda. En oscura hora, Maduro pagaba ignorante más del 50%.
Entre 2013 y 2017 Maduro y su gobierno pagaron casi 70.000 millones de US$ a los acreedores externos en capital e intereses por servicio de deuda. No quedó piedra por levantar para extraer recursos y repagar. Hasta que en noviembre de 2017 no había nada más que liquidar, en el camino endurecieron el control de cambio, dejaron al país sin alimentos y medicinas y a las empresas sin insumos para producir. Encima buscaron más deuda a corto plazo (PDVSA 2020-2) con socios como Rosneft y Rusia.
Para finalizar, Venezuela llega al día de hoy acumulando 34 meses de impagos. Con una deuda pública externa que puede estimarse en cerca de 150.000 millones de US$ y tiene a unos propios vampiros financieros detrás de ella.
*Fundador de GrizzlyTraders.
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