El partido prepara un informe que será entregado a la comisión legislativa, y contendrá observaciones y recomendaciones sobre el estamento legal sobre la actividad extractiva.

El partido Encuentro Ciudadano en el estado Bolívar prepara un informe con observaciones y recomendaciones a la Ley de Minas que se discute actualmente en la Asamblea Nacional (AN), informó César Ramírez, presidente de esta organización en la región.

Dicho informe se le hará llegar a la presidenta de Encuentro Ciudadano a nivel nacional, la diputada Delsa Solórzano, y será extensivo a todos los diputados miembros de la fracción de La Concertación.

Recordó que el decreto del Arco Minero del Orinoco derivó en el crimen ecológico más grande que se ha cometido en Venezuela y en gran parte del mundo, por lo que exigen una ley moderna que permita que la explotación de los minerales sea menos invasiva y dañina para el ambiente.

“La minería ecología y sustentable fue un invento del régimen para justificar el crimen ambiental que se está cometiendo, en ese sentido hay que derogar el decreto que crea el Arco del Orinoco, así como el decreto 2.165 del 30 de diciembre de 2015 que es prácticamente una reforma parcial de la Ley de Minas vigente orientada hacia la explotación del oro, diamante y coltán”, precisó Ramírez.

Zonas protegidas

Algunas de las recomendaciones escritas en el informe expresarán la necesidad de que las áreas bajo régimen de administración especial (Abraes) estén señaladas y que se prohíba la explotación minera, como en parques nacionales y/o algunas otras zonas protegidas.

También proponen que las concesiones y los títulos mineros estén obligados a restaurar el área en la que trabajan y reforesten las que vayan dañando.

Asimismo, el presidente de Encuentro Ciudadano en el estado Bolívar mencionó que urge que se migre a un sistema de producción menos contaminante para el ambiente, ya que aunque está prohibido el uso del mercurio, se trabaja con cianuro que es igual o más contaminante.

Por otro lado, en el informe se solicitará la descriminalización de la actividad minera en el estado Bolívar y en toda Venezuela. “No es posible que un minero artesanal sea víctima de un decomiso, de una presentación a tribunales solo por llevar consigo material producto de su trabajo, hay que parar el matraqueo. Hay que brindarle amparo y garantías a la minería artesanal que por muchos años han sido y serán los custodios más leales con nuestro oro y cuido del medio ambiente”.

Ramírez indicó que es necesario que se les permita a los mineros artesanales trasladar y comercializar hasta 10 gramos de oro, que es básicamente el producto de su trabajo. Otras de las peticiones será que se despenalice el transporte de equipos e insumos que se requieren para el desarrollo del sur.

“No se puede dejar a discreción de los funcionarios este tipo de decisiones porque se les da un poder ilimitado que solo afecta a la población”, manifestó.

Otras de las propuestas se basa en la fomentación de una ley de transparencia e información en la que los que se dedican a la actividad minera puedan rendir cuentas, publicar la producción de empresas mixtas, la participación del Estado y recolección de impuestos de tal forma que se facilite el control ciudadano en la gestión pública.

Correo del Caroní