Carlos Casanova Leal

De esta forma no existe seguridad jurídica, en primer lugar, en razón de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un largo proceso de interpretaciones de artículos de la Constitución, terminó fue reescribiéndola y, por otro lado, los poderes otorgados en las leyes habilitantes y en los decretos de emergencia económica eliminaron los derechos económicos de los ciudadanos, modificando igualmente el sistema económico y financiero del país. Debemos considerar igualmente el hecho de la desaplicación de artículos de la Constitución y ahora la llamada ley antibloqueo, que le permite derogar el contenido constitucional a su discreción, cuando él lo quiera. En definitiva, Venezuela ya no tiene Constitución.

Esta ley, llamada antibloqueo, no constituye un cambio en el modelo económico, de apertura, por el hecho de permitir la privatización, cosa que ya se ha hecho con China y las empresas mixtas, constituyendo por cierto un fracaso.

Ahora se trata es de la posibilidad de vender activos de la nación, fuera y dentro del país, cambiar la titularidad de las empresas del Estado por manos privadas. Si atendemos a la experiencia enseñada por la propia revolución, pues sabremos ya que los nuevos candidatos a comprar activos de Venezuela en el exterior son los ricos chavimaduristas, que serán ahora más ricos, comprando activos baratos con el dinero de la corrupción.

Si se llevaron buena parte de la riqueza del país los contratistas y empresas de maletín, los entornos que viven en el exterior, con esta nueva ley acabarán con lo poco que está quedando, hasta arrasar todo. Así, las transferencias de dinero de la nación a manos de enchufados, antes y ahora, los bienes pasarán a ser propiedad de los mismos entornos chavistas.

Fedecámaras cae en el espejismo de la ley, solo por el anuncio de tal posibilidad de privatización internacional y nacional, pero ello no indica que exista cambio de modelo, si antes no restituyen los derechos económicos ciudadanos confiscados y el sistema económico y financiero desaparecido, junto a la propiedad privada, de la que no se menciona nada.

El Gobierno, si quisiera enderezar la trastada económica y financiera que ha hecho, puede revertir sus propias decisiones sin necesidad de esta ley.

La privatización la ganarán los que señale el Gobierno, y eso se cocinará con socios y testaferros, como ya ha sucedido.

Por otro lado, está el apartado del secreto, la confidencialidad y la ausencia de control sobre esa gestión económica; por tanto, Maduro se abstrae de la responsabilidad de presentar cuentas, les establece a los funcionarios la penalidad de que no pueden hablar de lo que se hace, por tanto estamos hablando de que lo que ingrese por privatización (venta de activos a los chavistas) no se sabrá del destino, ni cuánto ingresa.

En los foros internacionales sobre la corrupción en Venezuela está suficientemente claro que la corrupción es tan grande que este sistema de justicia no es suficiente para procesar la cantidad de corrupción cometida, se requiere de convenios internacionales para buscar y perseguir los dineros triangulados, inversiones y depósitos en terceros y cuartos, se requiere jurisdicción internacional para capturar, perseguir, congelar bienes y activos.

Los corruptos saben que, desmantelado el Estado y sus instituciones, es muy difícil hacer seguimiento de lo robado, si esto es lo sucedido hasta ahora, que las cosas son medio públicas y medio se pueden conocer, no puedo creer que sin control y actuando bajo secreto de confidencialidad, se corregirán, pues creo que será peor, con esta ley terminarán de apropiarse de los bienes del Estado y de sus empresas y no quedará huella de quién y cómo lo hicieron.

Con esta ley, los ricos del chavismo serán más ricos y los venezolanos seremos más pobres.

Dios nos bendice.