Desde la semana pasada se han venido llevando a cabo desalojos en viviendas del urbanismo Alí Primera, ubicado al norte de la ciudad de Barquisimeto, las cuales fueron construidas en el marco de la Misión Vivienda, promovida por el Gobierno nacional.

Según explicó Zuly Álvarez, miembro de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, dichos desalojos no tienen justificación y constituyen una violación a los derechos humanos no solo de los aproximadamente 30 adjudicatarios que están siendo afectados, sino también de sus hijos, la mayoría menores de edad, y de personas con discapacidad.

Indicó Álvarez, quien además es abogado, que las acciones las han venido tomando presuntos funcionarios del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes soldaron puertas en algunas viviendas y en otras cambiaron las cerraduras, a fin de evitar que las personas a quienes se les adjudicó la vivienda años atrás, puedan entrar nuevamente. El alegato que hacen estos supuestos funcionarios para llevar a cabo esta acción, es que las personas afectadas no están ocupando la vivienda que les fue adjudicada.

“Sacaron a un señor con paraplejia que estuvo haciéndose un tratamiento en Valencia, pero por la pandemia no había podido regresar; y cuando regresó se encontró con que la vivienda le fue adjudicada a otra persona. Aquí hay personas con cáncer, madres y padres de niños pequeños, personas con discapacidad a quienes se les están violando sus derechos”, expresó la defensora de Derechos Humanos en Lara.

Este martes algunos de los afectados fueron citados en la sede de Banavih para que consignaran documentos de identidad y de adjudicación del apartamento, sin embargo asegura que muchos de los beneficiarios de este programa de vivienda no poseen tal documento porque nunca les fue entregado, pese a que viven allí desde hace 6 años.

Recalcó que se está violando el debido proceso, por cuanto no hay actuación del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ni de funcionarias femeninas de las FAES y además en el país están suspendidos los desalojos, dadas las medidas por la pandemia de COVID-19. Estas personas tomarán acciones de protesta durante los próximos días y exigen que en audiencia pública el director de Banavih les explique la legalidad del procedimiento.

El Impulso