Un retorno trágico, cargado de dolor y llanto
30 de noviembre de 2024
“La Consulta Popular no es de Guaidó, de partidos políticos, ni de la Asamblea Nacional, es una iniciativa de la sociedad civil para expresar su voluntad soberana, diciendo al mundo que no más crímenes de lesa humanidad, no más presos políticos, no más usurpación de los poderes públicos”, así lo explica Luis Farías, designado miembro del Consejo Superior de la Consulta.
Dijo también que se ha completado toda la estructura organizativa del proceso ciudadano y trabajan en la organización de la consulta ciudadana en todos los rincones de Venezuela.
De acuerdo con la estructura diseñada para este proceso, se designa un grupo de consejeros de nivel superior, integrado por la Iglesia, universidades e instituciones de prestigio moral y social en Venezuela, quienes velarán por reforzar la legitimidad del proceso.
Farías es médico veterinario de profesión y conjuntamente con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y Enrique Colmenares Finol, forma parte del grupo impulsor de esta consulta popular, representantes de la sociedad civil venezolana. “Con fuerza de trabajo logramos llamar la atención de los mandatarios de la Asamblea Nacional y así imponer la necesidad de consultar a la soberanía popular para lograr de ella un mandato constitucional vinculante y, por tanto, de obligatorio cumplimiento”, rememoró Farías.
Explicó que la Consulta Popular es “una idea, fuerza, capaz de movilizar a los venezolanos, dentro y fuera del país, para expresar la voluntad ciudadana como solución constitucional, pacífica y electoral a la catástrofe humanitaria que vivimos”.
También sostiene que la consulta surge como respuesta “al fraude electoral del
6-D, acatando el mensaje de la Iglesia y advirtiendo que no basta con abstenerse”.
Finalmente, destaca el integrante del Consejo Consultivo nacional de la Consulta Popular de 2020 que este proceso es distinto a los otros hechos hasta la fecha, “sus resultados agotarán las vías pacíficas internas y, jurídicamente, habilitará la intervención humanitaria internacional, con base en los tratados vigentes suscritos por Venezuela”.
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