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Venezuela figura como el país de América Latina donde mayor violación a los derechos humanos se comete en el proceso de extracción de oro y piedras preciosas
Venezuela figura, junto a varios países africanos, como uno de los proveedores mundiales de oro en cuya explotación se violan de manera atroz los derechos humanos de los mineros, de acuerdo a un informe divulgado por Human Rights Watch a propósito de la temporada navideña, época en la que aumenta la compra de joyas para regalos.
El informe Joyas brillantes, cadenas de suministro opacas: empresas joyeras, nuevos estándares de abastecimiento y el covid-19 analiza y clasifica el esfuerzo hecho por 15 marcas de joyería y relojes por prevenir y abordar los abusos de derechos humanos y daños ambientales en sus cadenas de suministro de oro y diamantes.
El estudio reveló que las principales empresas de joyería están mejorando sus estándares de abastecimiento de oro y diamantes, pero la mayoría no puede asegurar a sus consumidores que sus joyas no están corrompidas por abusos a los derechos humanos.
Venezuela figura como el país de América Latina donde se comenten las mayores violaciones a los derechos humanos en el proceso de extracción de oro y piedras preciosas, superando a Colombia como nación de riesgo para la producción mineral en lo que a criminalidad se refiere.
Específicamente, el informe señala que en Venezuela los grupos armados conocidos como “sindicatos” controlan las minas de oro ilegales y han cometido abusos horribles contra residentes y mineros, entre ellos amputaciones punitivas y torturas.
De hecho, desde 2019 y hasta mediados de julio de este año, 137 personas habían sido asesinadas en los municipios mineros al sur del estado Bolívar, de acuerdo con el más reciente monitoreo de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Una reseña del Correo del Caroní sobre el tema señala que 45% de las víctimas no han sido identificadas por órganos policiales por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por múltiples heridas de bala en sus rostros y por carecer de documentos de identidad.
Al respecto, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló a mediados de año las múltiples violaciones de los derechos humanos en medio de la anarquía minera al sur de Bolívar. Bachelet reconoció que quienes dominan la zona son bandas criminales en complicidad con efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tienen patente de corso para delinquir, asesinar, torturar y desaparecer a quienes no cumplan con el orden establecido por ellos.
La situación se agravó considerablemente desde que el gobierno del fallecido Hugo Chávez decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, una zona de xxx hectáreas para la explotación de minerales en la que según diversas investigaciones y denuncias, se ha convertido en zona de alta peligrosidad por los conflictos entre bandas por el dominio del territorio, amén de la destrucción de uno de las más importantes zonas selváticas de Venezuela.
Mejora pero no tanto
En Zimbabue, la Zimbabwe Consolidated Diamond Company, de propiedad estatal, ha contratado a agentes de seguridad privados que han maltratado a los residentes acusados de extraer diamantes, incluso amenazándoles con perros.
El trabajo infantil peligroso ocurre en áreas de minería de oro a pequeña escala en Ghana, Malí, Filipinas y Tanzania, ya que los niños son expuestos al mercurio que se utiliza en el proceso. Niños han muerto en accidentes mineros.
Las 15 empresas evaluadas generan colectivamente más de 40.000 millones de dólares en ingresos anuales, alrededor del 15% de las ventas mundiales de joyería. Ellas son: Boodles, Bulgari, Cartier, Chopard, Chow Tai Fook, Pandora, Signet, Tanishq y Tiffany & Co., Cristo, Harry Winston, Kalyan, Mikimoto, Rolex y TBZ.
Once de las empresas evaluadas han tomado algunas medidas para mejorar su debida diligencia en materia de derechos humanos desde la publicación del informe de 2018, “The Hidden Cost of Jewelry: Human Rights in Supply Chains and the Responsibility of Jewelry Companies” (El costo oculto de la joyería: Derechos humanos en las cadenas de suministro y responsabilidad de empresas del sector). Las empresas han mejorado la trazabilidad de su oro o diamantes; optaron por obtener solo oro reciclado para evitar riesgos relacionados con el oro recién extraído; reforzaron sus códigos de conducta para proveedores; seleccionaron más rigurosamente a sus proveedores; o identificaron públicamente a sus proveedores. Diez de las empresas ahora divulgan públicamente más información sobre su debida diligencia para garantizar el respeto de los derechos humanos.
El covid-19 agrava situación
Desde que Human Rights Watch informó por primera vez sobre estos temas en 2018, las acciones de las empresas continúan revisándose. Si bien la mayoría de las empresas de joyería examinadas han tomado algunas medidas para mejorar sus prácticas, la mayoría aún no cumplen con los estándares internacionales.
“Muchas empresas de joyería han progresado en el abastecimiento responsable de oro y diamantes, pero los consumidores aún no tienen las garantías adecuadas de que sus joyas están libres de abusos a los derechos humanos”, dijo Juliane Kippenberg, directora adjunta de derechos del niño de HRW. “La pandemia de covid-19 exige una vigilancia aun mayor por parte de las empresas de joyería para identificar y responder a los abusos de los derechos humanos”.
HRW también evaluó el impacto del covid-19 en los sectores de minería y joyería. Los trabajadores mineros, sus familias y comunidades se han visto privados de ingresos en los lugares donde la minería se ha estancado debido a los cierres. En cambio, donde la minería industrial ha continuado, los mineros trabajan cerca unos de otros en espacios cerrados y, a veces, incluso viven juntos en hostales, lo que los pone en mayor riesgo. En algunas zonas mineras en pequeña escala, el trabajo infantil y la minería y comercio ilegales han aumentado.
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