(AFP).- Delegados del Gobierno y de la oposición de Venezuela mantendrán este viernes una segunda ronda de diálogo en Santo Domingo para resolver la crisis política, en torno a una propuesta de los países garantes, informó este jueves uno de los negociadores.
La cita dará continuidad al proceso iniciado el 1 de diciembre con el acompañamiento de México, Chile -invitados por la oposición-, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El documento sobre el cual girarán los diálogos “lo están ajustando los cancilleres, una vez escuchadas las partes”, dijo a periodistas Simón Calzadilla, parlamentario y negociador de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Gobierno y oposición plantearon a los cancilleres de esos países su visión sobre los seis puntos de la agenda y, a partir de ello, los diplomáticos elaboraron una propuesta, según otra fuente cercana al proceso.

“Eso nos garantiza que hay un documento imparcial”, manifestó Calzadilla.
Las conversaciones también tienen como garantes al presidente dominicano, Danilo Medina, y al exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El diputado no detalló la agenda, pero insistió en la principal demanda de la MUD: garantías para las elecciones presidenciales de 2018, lo que a su juicio implica reformar un poder Electoral al servicio de Maduro.

“Debe haber elecciones libres, sin el chantaje del Gobierno a los electores. No vamos a cerrar un acuerdo ‘chucuto’ (incompleto), que no garantice su cumplimiento”, advirtió Calzadilla, quien no descartó una tercera ronda de negociación.
Para el Gobierno, la prioridad es el cese de la “guerra económica”, un complot que, asegura, es liderado por Estados Unidos y apoyado por la oposición para derrocar a Maduro.

Sus negociadores exigen que la MUD interceda ante Washington para que levante sanciones que impiden transar nueva deuda venezolana, justo cuando Maduro se propone renegociar un pasivo externo estimado en unos 150.000 millones de dólares.
Por pagos atrasados de sus bonos de deuda, el país con las mayores reservas petroleras, pero con su economía colapsada, fue declarado en default parcial por un grupo de acreedores y agencias calificadoras.