Todo comenzó como un rumor: políticos y residentes advirtieron que en las cercanías del río Caura del estado Bolívar, al sur de Venezuela, se ensamblaba una gran balsa dentro de las instalaciones de una empresa del Estado. La idea era que pronto comenzara a operar y a extraer oro del lecho del río, como hasta entonces lo había hecho en el mismo lugar la minería ilegal. El 8 de abril de 2020, mientras todo el país estaba paralizado por el encierro que impuso la pandemia mundial del COVID-19, se hizo oficial lo que contaban. La embarcación minera tendría permiso de operar gracias a que desde el Poder Ejecutivo se decretó la explotación del metal dorado en seis caudalosos ríos. Por primera vez en Venezuela, sacar oro de algún cuerpo de agua era legal.

Pasaron semanas, meses y el número de balsas sobre el Caura creció más. Y mientras esto pasaba, en el norte, también en el agua, se vertía petróleo. El principal afectado era el Parque Nacional Morrocoy, zona marina protegida que sufrió las consecuencias de un derrame de decenas de miles de barriles de hidrocarburos de PDVSA, la compañía estatal, que afectó sus manglares y arrecifes de coral. El mar turquesa se oscureció por varios días hasta que las críticas de los ciudadanos movieron a las instituciones gubernamentales a actuar y sanear.

Ya en tierra firme, en los estados andinos, surgió la alarma de la deforestación. Esta vez no vendría de la mano de la minería o de alguna empresa maderera, sino de los mismos locales que tumbaban árboles para hacer leña. Así se cuenta parte del drama de un país petrolero que derrama hidrocarburos en sus mares y deja sin gas a sus habitantes.

En Venezuela, la pandemia por COVID-19 no frenó las malas noticias para el ambiente. Varios males crónicos que llevan años padeciendo los parques nacionales y pulmones vegetales del país intensificaron sus efectos y dejaron heridas que hoy se han convertido en verdaderas preocupaciones para ciudadanos y organizaciones ambientalistas. A pesar del mal pronóstico, un par de notas positivas aportan un pequeño aliento para continuar. Biólogos, abogados y hasta políticos comentan a Mongabay Latam sus impresiones sobre los hitos del balance ambiental de 2020.

Lo malo: el Arco Minero fluvial

La crisis mundial que causó la pandemia sirvió para comprobar que nada frena el avance del Arco Minero del Orinoco. Desde el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico se confirmó que el “motor minero” (como denomina Nicolás Maduro a los sectores de producción de materia prima del país) no se pararía ante la propagación del COVID-19 sino que continuaría sus actividades con medidas de bioseguridad. Pero estas labores no se confinarían en el territorio donde ya se ejecutaban. Irían más allá.

El 8 de abril de 2020, la cartera ministerial autorizó la explotación de minerales en seis ríos del sureño estado Bolívar que están dentro del área que abarca el Arco Minero: Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní.

La publicación de la resolución en Gaceta Oficial fue solo un trámite burocrático. Voceros de la oposición ya habían advertido que esto ocurriría y que a cargo de la operación estaría la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), empresa minera de las Fuerzas Armadas, con el resguardo de miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como lo reportó Correo del Caroní. En el Caura ya se había instalado la primera balsa que extraería el metal dorado del lecho del río.

Las respuestas no se hicieron esperar. Habitantes del municipio Sucre del estado Bolívar se levantaron en protesta en varias oportunidades y manifestaron que la construcción e instalación de las grandes balsas mineras que contemplaba el proyecto impactarían el ambiente y su propia seguridad. En los días siguientes a la publicación del decreto, en mayo, ocurrió un ataque armado presuntamente perpetrado por guerrilleros colombianos contra la Guardia Territorial Indígena del Caura.

“La información que tenemos en la zona es que la implementación de esta minería ha sido traumática en términos de enfrentamientos entre indígenas y grupos armados externos”, indica Luis Jesús Bello, director operacional y de apoyo a las organizaciones indígenas del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, quien explicó que en el incidente de mayo, más de una decena de indígenas fue secuestrada durante varios días y llevada selva adentro. El hecho, acotó, fue investigado por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero todavía no se ha reportado ninguna detención.

Las balsas, explicó Bello, dragan el río y remueven el fondo “con daños ecológicos impredecibles” que afectan “la fauna acuática y el curso normal de los ríos, además de contaminar el agua con mercurio y otras sustancias tóxicas”.

La medida fue criticada por organizaciones ambientales y de derechos humanos, que destacaron la importancia de estas fuentes de agua para la Amazonía y el país. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, también rechazó la orden y un par de semanas después de su publicación anuló el decreto del Ministerio.

Pero ninguna crítica ha detenido la explotación fluvial. El diputado Américo De Grazia explicó que el avance de la medida continuó “por la vía fáctica” porque no tiene el aval de la Asamblea Nacional. No trabajan con concesiones, que es el documento legal que debería otorgar el gobierno, sino a través de una autorización de “operación minera” cedida por Camimpeg y la Corporación Venezolana de Minería.

“Allí tienen siete balsas trabajando y cada día crecen más. Querían que para finales de año hubiese 12 y las estaban armando en los talleres de Maderas del Orinoco, en Maripa, que se supone era una instalación oficial”, denunció el parlamentario.

“Hasta el año 2002, el Caura era el río más prístino y uno de los más puros de la Amazonía. Hoy está contaminado y tiene campamentos, como el Caura Lodge, que son sedes de los ‘elenos’ (ELN) de la zona, que custodian la actividad minera. Allí pernoctan, viven y conviven 60 terroristas”, subrayó De Grazia.

Lo trágico: indígenas minados

Durante 2019, la presencia de militares dentro de territorios indígenas se abrió paso en Venezuela. ¿La razón? En sus tierras, muchas veces compartidas con áreas verdes protegidas, hay oro, el recurso al cual la administración de Nicolás Maduro ha apelado para sobrevivir en medio de la caída de la actividad petrolera, la hiperinflación y las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra sus funcionarios. En 2020, el estudio “Minando Derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía” del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) confirmó que la minería afecta a 31 % de los territorios indígenas de la región amazónica. Y en Venezuela, el panorama es alarmante.

La mayor parte de los 143 mil kilómetros cuadrados en donde se practica la actividad extractivista legal en Latinoamérica está dentro del país. Mientras, la minería ilegal no ha parado de crecer. María Teresa Quispe, directora estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, organización que participó en la realización del documento, señaló que en apenas un año el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la nación se triplicó: pasó de 400 kilómetros cuadrados a 1200. La metodología implementada para el hallazgo consistió en la búsqueda de imágenes satelitales en donde se identificaron las zonas activas y la posterior verificación con comunidades ancestrales que habitan estos territorios.

“Mientras en Amazonas se paralizaron buena parte de las actividades por la pandemia, la minería no se suspendió y todos los corredores por donde entran los mineros estaban activos. La actividad minera no solo continuó, sino que en algunos lugares se agudizó”, agregó Bello. Resaltó que al fenómeno hay que sumarle la minería ilegal fluvial que se practica desde hace años en Amazonas en el eje Río Negro – Guainía, Atabapo y otras áreas del estado. Allí, el impacto, además de ambiental (que conlleva a la deforestación de selva alta, desviación del curso de los ríos, contaminación del agua con sustancias tóxicas, sabanización y afectación de la fauna) es humano porque las aguas que consumen las comunidades se contaminan con mercurio.

Aunado a ello, añadió el experto, hay “impactos socioculturales tremendos como cambios culturales, enfrentamientos entre comunidades, violación de lugares sagrados indígenas e introducción de delincuencia y prostitución”.

Bello insistió en que se ha comprobado la presencia de “grupos armados externos” (FARC y ELN) en las áreas de minería ilegal que están dentro de los territorios indígenas, lo cual complejiza la problemática en la zona porque estas células resguardan la actividad extractivista y se lucran con ella.

Lo feo: el mar negro

Las aguas cristalinas del Parque Nacional Morrocoy y las arenas del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare del estado Falcón, se tiñeron de negro tras ser alcanzadas por la mancha oscura y aceitosa del derrame petrolero más grande del año. El episodio ocurrió el 1 de agosto, cuando ambientalistas y vecinos advirtieron del vertido de hidrocarburos en el Golfo Triste que, más tarde, llegó a los manglares y arrecifes coralinos de estas áreas protegidas compuestas por decenas de playas e islotes. Lo que pudo ser un caso aislado, se convirtió en el comienzo de una serie de fugas de crudo que han ido a parar al mar y que ponen en peligro la biodiversidad de la zona. Se calcula que solo entre julio y agosto de este año, 26 000 barriles de petróleo afectaron a 350 kilómetros de costa.

Las primeras versiones sobre lo sucedido hicieron que las miradas se dirigieran hacia un buque carguero de bandera extranjera que había pasado por territorio venezolano. Pero imágenes satelitales estudiadas por expertos y académicos comprobaron que el derrame provino de la refinería El Palito de la estatal PDVSA, en el vecino estado Carabobo, una infraestructura colapsada debido al abandono y la desinversión que ha presentado constantes fallas luego de meses de paralización.

Pero los derrames no se han limitado a las costas del centro-norte del país. En los estados Anzoátegui y Monagas, al oriente, y Zulia, occidente, también ha habido incidentes que no desembocan en el mar, sino que inundan incluso calles y avenidas. La situación solo ha empeorado en un país en donde, entre 2010 y 2018, hubo más de 47 mil fugas de petróleo, según un informe de la ONG de derechos humanos Provea.

“En El Palito han ocurrido cinco derrames en los últimos cuatro meses, evidenciando la desinversión en la infraestructura y la falta de implementación de protocolos de contingencia por parte de PDVSA”, subrayó Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), asociación civil integrada por estudiantes y profesionales vinculados con temas ambientales.

Morón explicó que a través de imágenes satelitales, facilitadas por el Centro de Biodiversidad Marina de la USB, se evidenció la falta de mantenimiento en las instalaciones de la refinería. “Se ve que cada vez que llueve o se vierten productos en las lagunas de separación, estas se rebosan y el contenido va al mar sin ningún tipo de tratamiento ni control”, señaló. De esta manera, apunta la experta, se viola cualquier protocolo de contingencia y ley ambiental.

Los vientos de tierra (caldereta) y luego los vientos del este llevan el material hasta la localidad de Tucacas, adyacente al parque, y a Morrocoy. “El impacto ecológico dependerá de la magnitud del derrame y el tipo de hidrocarburo. Si no se contienen, se incorporan directamente en los cuerpos de agua. Hay una parte visible que es la que llega a la costa y puede ser removida de forma mecánica (…) Los manglares pueden morir por sofocación pues el hidrocarburo se adhiere a sus raíces y tapa los estomas. Toda la costa de Falcón tiene relevancia turística y pesquera, en ese sentido es necesario hacer un diagnóstico y seguimiento”, destacó Morón.

Lo preocupante: árboles amenazados

Un titular del Diario Los Andes, del estado fronterizo de Táchira, da cuenta de la situación: “Habitantes de Capacho no encuentran leña para cocinar por la deforestación”. En ese pueblo, como en muchos otros del país, desde hace años dependen de las ramas y los troncos de los árboles para cocinar y miles de venezolanos atraviesan por la misma situación.

La escasez de gas doméstico y los continuos apagones que se sufren a diario en el país han empujado a parte de la población a internarse en parques y bosques en busca de leña, lo que incrementó la tala ilegal y el riesgo de deslizamientos. El panorama, en los próximos años, será peor. El más reciente informe del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, publicado el 1 de diciembre de 2020, indicó que al menos 87 % de los encuestados utilizaba gas para cocinar a diario. Sin embargo, 78 % afirmó que el servicio, que ya estaba en estado crítico, había empeorado en los últimos meses. En el caso de la electricidad, 76,4 % de los consultados señaló que el funcionamiento de la misma estaba entre regular y muy mal.

En estados como Bolívar, los habitantes acuden a los parques urbanos en busca de leña. Allí, de acuerdo con reportes policiales, detuvieron al menos a seis personas entre mayo y septiembre por talar árboles en el parque Cachamay. Todos se dedicaban a la venta de la madera.

Uno de los detalles que agrava el problema es la falta de guardaparques que puedan detener la actividad. El abandono de los espacios verdes por parte del Estado ha dejado en completa vulnerabilidad a los pulmones vegetales de las ciudades.

Aunque no está vinculado con la búsqueda de leña, un estudio reveló que 45 % de los árboles endémicos venezolanos está En Peligro de extinción por haber perdido su hábitat. Esta investigación fue realizada por un grupo de instituciones vinculadas al área ambiental entre febrero de 2019 y septiembre de 2020.

Jon Paul Rodríguez, presidente de la ONG Provita, que lideró la investigación con la colaboración de especialistas de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser – Herbario Nacional de Venezuela y del Herbario del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), explicó a Mongabay Latam que se evaluaron 684 especies de árboles que no existen en ninguna otra parte del mundo sino en Venezuela y que representan más de 15 % de las más de 4500 especies de árboles descritas para el país.

Aunque la buena noticia es que ninguno está extinto, el estudio indicó que 8 % está en Peligro Crítico, 16 % En Peligro y 21 % en estado de vulnerabilidad. El resto fue clasificado como Casi Amenazado (1 %), Preocupación Menor (26 %) e insuficientemente conocido (28 %)

Los resultados serán incorporados a la Evaluación Global de Árboles (GTA, por sus siglas en inglés) del Botanic Gardens Conservation International (BGCI) y publicados en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Lo bueno: freno a la Ley de Minas

El 9 de septiembre, la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una Ley de Minas que levantó resquemores en el seno del Parlamento. Mientras los miembros del comité aseguraban que se trataba de un instrumento que promovería la “minería responsable”, sus detractores afirmaban que de esa manera se respaldaría la actividad extractivista que tanto había condenado la instancia de mayoría opositora, al tiempo que se daría la espalda a legislaciones ya aprobadas que protegían el ambiente.

“La actividad minera puede ser desarrollada cuidando el medio ambiente y uno de nuestros mayores desafíos es su transformación hacia una minería sustentable”, señaló en ese entonces el presidente de la comisión, diputado Elias Matta, quien meses antes había impulsado una agenda de conferencias y foros con especialistas nacionales e internacionales en la industria minera para hablar de los beneficios que reportaría al país la transparencia del manejo de los minerales.

Otros, como el exgobernador del estado minero de Bolívar, Andrés Velásquez, cuestionaron la pertinencia de la discusión de la ley.

“Me pregunto cuál es el empeño o desespero de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, en aprobar una nueva Ley de Minas conociendo el debate abierto con el caso del ‘arco minero de la muerte’. El país preocupado por salir de Maduro y otros metiendo Ley de contrabando”, escribió en su cuenta en Twitter tras la aprobación del documento.

En esos mismos términos habló el diputado por el estado Bolívar Américo de Grazia, uno de los más férreos críticos de los sucesos que ocurren dentro del Arco Minero. “Esa ley la metieron de contrabando en la comisión de Energía y Petróleo. No fue aprobada, ni debatida, ni llevada a plenaria”, contestó para Mongabay Latam el parlamentario.

Desde las organizaciones ambientalistas también hubo réplicas. “’Minería sostenible’, ‘Minería sustentable’, ‘Minería ecológica’. Son términos inventados para justificar el ecocidio del Arco Minero. Vemos con preocupación la repetición de estos términos en la nueva Ley de Minas aprobada por la Asamblea Nacional”, se apuntó desde la organización Juntos por Caroní, que acotó que el instrumento debía ser discutido con la academia y todos los sectores involucrados. “En pandemia se dificulta la consulta, no  podemos legalizar el ecocidio”, añadió en su cuenta en Twitter.

La Ley de Minas recibió el repudio incluso de Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, que consideró que el proyecto no satisfacía “los requerimientos del marco jurídico requerido para promover y desarrollar el sector minero nacional” ni tampoco cumplía con “los elementos fundamentales de desarrollo sostenible establecidos por los organismos multilaterales”. El repudio masivo, al final, logró ponerle freno a una iniciativa considerada anacrónica y contradictoria con el discurso opositor que siempre ha fustigado la creación del Arco Minero del Orinoco.

Lo esperanzador: científicos al rescate

La llegada de hidrocarburos a las aguas cristalinas de Morrocoy movilizó a los ciudadanos. De inmediato, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles se pusieron a las órdenes de las autoridades para ayudar a enfrentar la situación. Pero el gesto fue ignorado desde el gobierno que, aunque activó cuadrillas de limpieza dentro del parque, evitó divulgar información oficial y precisa sobre lo sucedido para no afectar la imagen de la industria petrolera.

Eso, sin embargo, no minó las ganas de colaborar. La Sociedad Venezolana de Ecología emitió alertas tanto a las instituciones del Estado dedicadas al ambiente como a organizaciones privadas a fin de activar acciones que protegieran el parque marino. También logró coordinar un foro, al que se sumaron más de 200 personas, para analizar el alcance del derrame y proponer soluciones.

“Logramos sensibilizar y promover la acción ciudadana a través de tuitazos, material divulgativo y el mapeo sobre sitios afectados y no afectados en Morrocoy, que fue posible gracias al apoyo de los locales. Visibilizamos y apoyamos (a través de diferentes miembros y especialistas) el importante rol de posaderos, pescadores, marinas y ciudadanos para responder y accionar ante situaciones de emergencia”, resaltó Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE).

La bióloga añadió que, a raíz del primer foro, se consolidó un grupo de expertos que se encargó de divulgar la relevancia ecológica y potencial afectación de Morrocoy por medio de conferencias, artículos de opinión y científicos. El accionar ciudadano, tal como ocurrió en 2019, acrecienta las esperanzas sobre lo que puede lograr a largo plazo.

*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.

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