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23 de noviembre de 2024
Representantes del Sindicato de Empleados Administrativos, Profesionales y Técnicos, Activos y Jubilados del Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio”, Upel, se pronunciaron ante el anuncio del gobierno nacional de transferir las nóminas del sector universitario al sistema Patria.
La presidenta de Seaupel, Ludy Roso; el secretario general, Osmey Correa; la secretaria de Reivindicaciones, Yahili Hernández, y el delegado nacional, Nelson Contreras, como voceros del gremio, expresaron su rechazo ante esta medida que consideran inconstitucional:
“Rechazamos de manera contundente la imposición de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la cual emitió instrucciones informales por medio de un chat de la red social Telegram, de fecha 6 de marzo de 2021, donde exige a las autoridades universitarias procesar las nóminas en las instituciones, generando un archivo TXT, según la configuración ‘Patria’, para realizar el pago del salario al personal universitario de manera centralizada, a partir del mes de marzo de este año”.
Agregaron que de esta manera, el Gobierno nacional atenta nuevamente contra las universidades venezolanas, violando la autonomía administrativa universitaria e incumple con la formalidad correspondiente, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Universidades, al ejecutar un intento más para acabar con las instituciones de educación superior y con la ardua lucha gremial de los trabajadores universitarios.
“Hemos defendido en las calles los derechos establecidos en nuestra contratación colectiva, que ha desaparecido en las manos del gobierno, el cual juega con el hambre y la necesidad de los trabajadores universitarios, quienes con sacrificio y esfuerzo salen día a día a buscar cualquier forma de trabajo que les permita llevar el alimento a sus hijos, arriesgando su vida en tiempo de pandemia”.
, porque con un salario base de 1 millón 554.052 bolívares, que se incrementa a partir de marzo a 2 millones 331.052 bolívares y un bono denominado “Simón Rodríguez”, que no se cancela a todo el personal, es imposible cubrir las necesidades básicas de su hogar, puesto que este salario les permite comprar únicamente, si acaso, un paquete de harina Pan”.
Destacaron que “los trabajadores universitarios acuestan a sus hijos muchas veces sin comer, no pueden cubrir las necesidades básicas primarias; estamos viviendo una miseria obligada, sin garantías a la educación, la salud y la alimentación, sin derecho a enfermar, porque es más seguro morir por falta de medicamentos”.
Ante este contexto que consideran adverso, hacen una serie de exigencias al gobierno nacional: respeto a la autonomía universitaria, cancelación de salario con el método regular de pago de nómina, y que se respeten los beneficios establecidos en la III Contratación Colectiva, discusión de la IV Contratación Colectiva, respuesta inmediata a las necesidades del HCM y seguro funerario, respeto a las instalaciones y terrenos de la ciudad universitaria.
Anunciaron que realizarán una serie de acciones como medida de protesta: toma de semáforos con volanteo y “pancartazo”, protesta virtual, rueda de prensa para mantener informada a la colectividad y reuniones intergremiales con el fin de monitorear la situación.
A manera de conclusión, expresaron que con esto quedan en evidencia las ganas de acabar con las universidades y pretender, con este sistema de pago, aumentar el control social de los trabajadores universitarios”. / Norma Pérez.
Norma Pérez.
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