“Una violación al derecho a la salud y a la justicia se está cometiendo contra la familia Romón Lozano, la cual viene clamando justicia desde hace más de 13 años por la muerte de su hijo y  hermano, José Gregorio Romón Lozano, quien falleció el 26 de diciembre de 2007, luego de una cirugía de manga gástrica a manos del médico A. Sánchez M., hecho que ocurrió en un centro privado de salud de San Cristóbal y en cuya investigación, luego de la denuncia penal correspondiente, se detectaron grandes irregularidades”, así lo aseveró este martes Walter Márquez Rondón.

En una rueda de prensa ofrecida por Cándida Lozano, viuda de Romón, madre de José Gregorio Romón Lozano, sus hermanas, Amparo, Carmen Beatriz y Yurabi Nayarí Romón Lozano, acompañadas de Walter Márquez, defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, indicaron que en este caso se han cometido varios hechos irregulares; en primer lugar, la presunta mala praxis médica, ya que el paciente fue a someterse a una cirugía bariátrica y en 7 días le practicaron 9 cirugías posteriores, en las que la desinformación fue el elemento común, y luego de su fallecimiento, la búsqueda de justicia ha estado también ensombrecida por gran cantidad de anomalías judiciales.

Indicó Walter Márquez que, “a pesar de haber transcurrido más de 13 años desde que ocurrió este hecho, en el cual los tribunales dictaron una medida por homicidio doloso contra el médico, el pasado 19 de junio de 2020, la jueza de Primera Instancia en Funciones de Juicio Número Uno del estado Táchira revocó esa medida, a pesar de que los tribunales civiles y penales estaban paralizados por una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la que se establecía su habilitación solamente para actos urgentes”.

—Estamos en primer lugar –señaló Márquez en rueda de prensa y en boletín informativo- ante un hecho insólito, porque se vulneró una resolución del máximo tribunal de la República; en segundo lugar, un tribunal de primera instancia, como el caso de Juicio Número Uno, no puede revocar jamás una decisión de otro tribunal de igual categoría, de primera instancia, como fue el caso del Tribunal Octavo de Control.

Agregó Márquez que además, “con esta sentencia, que pareciera fue entregada ya redactada a la jueza por parte de abogados externos, se afecta directamente a la familia de José Gregorio Romón Lozano, por cuanto el médico responsable tenía limitación de salida del país, y la jueza de primera instancia en función, violando el debido proceso que garantiza el artículo 49 de la Constitución de la República, revocó esa decisión y repuso el juicio prácticamente al comienzo de las investigaciones”.

En ese sentido, expresó Márquez que frente a la injusticia cometida (…) va a solicitar la intervención del Gobierno español, a través de la Embajada en Venezuela y el Consulado, debido a que la familia Romón Lozano es de origen español, aunque los hijos hayan nacido en Venezuela y tengan doble nacionalidad, y espera llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).