«Es verdad que la Defensoría del Pueblo no actúa ante denuncias de violaciones de DDHH en Venezuela»
26 de noviembre de 2024
Por Gerardo Méndez
En el afán de consolidar un proyecto hegemónico que simpatice con un Estado Comunal Socialista, esta administración nacional de dudosa credibilidad, sigue socavando la Constitución Nacional y la voluntad del pueblo venezolano, al querer imponer una modificación considerable al ordenamiento político territorial de nuestro país, a través de la ilusión llamada Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, aprobada en 1° discusión el pasado 11 de marzo por la ilegítima Asamblea Nacional del 6 de diciembre.
La nueva geometría del poder enmarcada en 200 ciudades comunales, estaría compuesta por el Parlamento Comunal “Poder Legislativo”, el Consejo de Gobierno Comunal “Poder Ejecutivo”, el Consejo de Justicia y Paz Comunal “Poder Judicial”, el Consejo Electoral Comunal “Poder Electoral”, y el Consejo Moral Comunal “Poder Ciudadano”. Estructuras direccionadas únicamente por representantes de las comunas y de los consejos comunales.
Esta ley trama la transferencia de competencias y fuentes de recursos propios del Poder Público a las ciudades comunales, con el supuesto trasfondo de consolidación de la democracia participativa, pero con una realidad completamente aislada, puesto que significa la creación de un Estado paralelo, y una descentralización ficticia totalmente al margen de la Constitución, en aras de dar preeminencia al poder central y quebrantar nuestras instituciones republicanas como gobernaciones y alcaldías, para fomentar mayor corrupción y rechazos a la legalidad, injusticias, e imposiciones de la clase política afecta a la cúpula roja.
La división político territorial tiene que estar regulada por una ley que garantice la autonomía municipal. Este adefesio de proyecto de ley, define a sus ciudades comunales como “…unidades espaciales con autonomía relativa”, ¿De quién sería entonces la autonomía absoluta? Claramente del tirano, que busca dominar a su antojo hasta nuestros más mínimos espacios de libertad y soberanía. Para que la ley en cuestión se acople a las disposiciones de nuestro sistema constitucional, no solo deberíamos reformar la carta magna, sino crear una nueva, que en su Preámbulo ordene la sumisión e idolatría a los personeros del régimen.
Además, en el artículo 1 de dicho proyecto, se agrega que en los espacios que comprenderán las ciudades comunales, los ciudadanos fomentarán valores necesarios para la “construcción del socialismo”, tratando de imponer por ley una forma de Estado ya rechazada por los venezolanos en el referéndum constitucional de 2007, y totalmente sectaria y violatoria del pluralismo político y la libertad de pensamiento.
La crisis orgánica que estamos padeciendo en el país, inducida desde Miraflores, y ampliamente debatida durante varios años en el Foro de Sao Paulo, conjuntamente con algunos errores tácticos y estratégicos de la oposición, han provocado que el venezolano se haya alejado de la política, haya disminuido su esperanza y credibilidad, y se concentre mayormente en la búsqueda del pan de cada día, a través de cualquier espacio comercial; es lo que la tiranía quiere conseguir para seguir aferrándose al poder. Nunca olvidemos que cada ser humano por excelencia es un ser político, y nadie puede desconocerlo porque forma parte esencial de nuestro espíritu.
Es momento de dejar a un lado la desesperanza y el alejamiento de la política. Es necesario para el país la repolitización de la sociedad, solo así, generando una verdadera unidad monolítica, un poderoso movimiento sociopolítico, en el plano interno, donde se movilicen activamente todos y cada uno de los sectores vivos en Venezuela, pudiésemos reivindicar nuestra libertad y soberanía, y salvar a la República de pretensiones hegemónicas y devastadoras de partido único.
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