Enrique Márquez: “En nuestro país la Constitución está básicamente de adorno”
23 de noviembre de 2024
Las recientes sanciones aplicadas a nuestro país por el gobierno norteamericano del presidente Donald Trump, representan una importante y consistente escalada en la naturaleza y nivel de las medidas anteriores implementadas por el Gobierno estadounidense con respecto a Venezuela. En esta oportunidad, y por primera vez, las medidas no están dirigidas a uno o a un grupo de altos funcionarios en particular, señalados de violadores o cómplices en la violación de derechos humanos y en prácticas antidemocráticas, negocios ilícitos o corrupción, sino al Gobierno en su conjunto, con especial incidencia en asuntos tan claves y trascendentes como los económicos y financieros.
Sin duda alguna, la aplicación de tales sanciones repercutirá de manera muy negativa en varios aspectos esenciales de suma importancia para cualquier país y mucho más para el nuestro que atraviesa la que todos coinciden en calificar como la crisis económica más profunda de toda su historia. Si nos concentramos en apenas dos de las consecuencias de las medidas, nos daremos cuenta de inmediato de la magnitud de la nueva situación y de los riesgos que entraña. En primer término, las posibilidades y capacidades para el endeudamiento o la renegociación de la descomunal deuda externa contraída en estos últimos años, quedan gravemente comprometidas y disminuidas, dado que el mercado financiero norteamericano es, con marcada ventaja con respecto a los otros, el más importante y confiable del mundo. Lo mismo ocurre en cuanto a las operaciones financieras de PDVSA, el principal músculo económico y proveedor de alrededor del 97 % de las divisas que empleamos para costear las indispensables importaciones y los propios insumos requeridos por la industria. Este panorama, de por sí muy delicado, aun si atravesáramos mejores circunstancias, se complica al extremo al considerar la postración y declive económico y productivo que vive el país, y el creciente deterioro de la corporación estatal.
Como era de esperarse y fiel a su política y designios, el Ejecutivo nacional ha respondido a estas acciones con un redoblamiento de la retórica pretendidamente nacionalista y antiimperialista: palabras, palabras y más palabras, como si solo con ellas se resolvieran los problemas, acompañadas de muy publicitados ejercicios militares de defensa, clausura de estaciones de radio y cierre de la señal de varios medios extranjeros, multiplicación de cadenas y amenazas de nuevos juicios penales en contra de dirigentes opositores. Ni una palabra acerca de lo que todo el país -partidarios del Gobierno, incluidos- espera y desea: señales claras de que hay voluntad y decisión de salvar al país de la debacle y ahorrar el dolor y sufrimiento de millones de venezolanos. ¿La Asamblea Constituyente?…Bien, gracias, 30 días ocupada en preparar leyes de castigo, y ninguna acción concreta para tratar de superar la crisis.
No nos complace ni alegra ninguna medida que pueda desmejorar todavía más las ya pésimas condiciones de vida de nuestro pueblo, pero debemos admitir que el Gobierno ha hecho todo cuanto ha podido para ganarse el repudio y la mala voluntad de una buena parte de los gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
Tomás Contreras V.
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