Una organización que presuntamente se dedica al tráfico de personas, concretamente connacionales que retornan al país y que debían cancelar tarifa en dólares para ser trasladados hasta sus ciudades de origen, es rastreada por las autoridades policiales, que en menos de una semana lograron asestar dos golpes a la banda y la aprehensión de nueve personas, entre las cuales se encuentra, en calidad de investigado, un efectivo militar.

Pese a que las autoridades no han revelado detalles sobre la investigación, se sabe que los organismos investigadores cuentan con información clave, lograda luego que en el puesto de atención ciudadana Simón Planas, en Barquisimeto, estado Lara, efectivos de la GNB lograron interceptar dos autobuses que procedían de Táchira con 76 connacionales como pasajeros, que recién retornaron al país desde territorio colombiano.

De las investigaciones se supo que estas personas habían partido desde la zona de La Pedrera, zona sur del estado Táchira, y que debieron cancelar sumas que oscilan entre los 50 y 200 dólares para ser trasladadas a sus ciudades de origen, en los estados Lara, Carabobo y Aragua. Se determinó, de igual manera, que las mismas no habían cumplido con las normas de bioseguridad, por lo que de inmediato fueron trasladadas al PASI “Villa Bolivariana”, en Barquisimeto, a fin de ser chequeadas y den cumplimiento a las medidas de tipo sanitario para evitar la propagación y contagio del COVID-19.

Este procedimiento llevó a la detención de cinco personas, acusadas ante la Fiscalía del Ministerio Público por presunto tráfico de personas y desacato al estado de alarma nacional, siendo estas tres choferes de autobús y dos colectores, que fueron identificados como: A. Valero Barrera, A. Valera Roa, A. Vergara Hernández, D. Portilla y L. Vejar Portilla, este último presunto funcionario policial.

El segundo procedimiento, que prendió las alarmas sobre la situación de presunto tráfico humano, fue practicado en el puesto de control de El Cucharro, en la salida de San Cristóbal, vía al llano, donde efectivos de la Policía Nacional Bolivariana lograron interceptar tres unidades autobuseras que se dirigían a Caracas y Valencia, con 80 ciudadanos de nacionalidad venezolana, que desde Colombia retornaron al país sin cumplir con las normas de bioseguridad, por los caminos verdes conocidos como trochas y evitando someterse a los controles de descarte del COVID-19.
Las unidades eran ocupadas por 35 masculinos y 33 femeninas, y 12 menores de edad, que debieron cancelar entre 70 y 80 dólares para ser llevados a sus respectivos destinos.

En ambos casos llamó la atención de las autoridades que las unidades de transporte público estuvieran circulando por carreteras y cumpliendo rutas interestatales, a pesar de tratarse de una semana de cuarentena radical, por lo cual esto ya es del conocimiento del Ministerio Público que dirige las investigaciones

Hasta el momento, hay diez personas detenidas y prosiguen las averiguaciones, que tienen como punto central la zona de frontera del estado Táchira con Colombia, particularmente las poblaciones de San Antonio del Táchira y Ureña, donde están operando los denominados “arrastradores”, que se encargan contactar a los connacionales recién regresados al país y que, tras logran reunir el cupo, avisan a los conductores de autobús para emprender el viaje, luego del pago de la tarifa en dólares.

También se investiga el caso de las unidades que partieron de La Pedrera, y la supuesta implicación de funcionarios.

Armando Hernández