En un análisis de las nuevas medidas económicas asumidas recientemente por el Ejecutivo nacional, para el economista Homero Maldonado, son más las dudas que las respuestas de cómo el Ejecutivo nacional afrontará la crisis económica, agudizada por una improductividad, a la cual en el último año se sumó, como factor decisivo, la pandemia del covid-19.

Recordó el analista que las medidas oficiales se dan en un marco de desplome del Producto Interno Bruto, en 7 años cuesta abajo; un dólar superando la barrera de los 2 millones de bolívares, y un crecimiento desmedido de la liquidez monetaria, con su tope máximo en el 2018, del 63 mil por ciento, con sus consecuentes estragos inflacionarios.

Consideró contraproducentes las resoluciones relacionadas con lo laboral, y que vienen a ser más de corte populista, en vez de traer efectos positivos a la economía en general.

— La primera política –expuso Maldonado- es la extensión de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2022. Eso, en vez de ayudar, lo que trae como consecuencia es que dentro de la estructura de costos se incremente el costo variable medio, lo que trae como consecuencia que las empresas pierdan productividad y competencia con respecto a otras empresas, nacionales y extranjeras. Otras medidas contemplan la reactivación del bono solidario para los trabajadores de la empresa privada y los que lo hacen por cuenta propia: para mí, esa es una política netamente populista y lo que conlleva es mayor inyección de dinero inorgánico a la economía, y tiene un objetivo netamente electoral, para incentivar el voto.

El descuento de 25 % para quienes paguen servicios públicos a través del sistema Patria, lo calificó de excluyente y populista, pues en su concepto, muchos venezolanos no están inscritos en el mismo. De otra parte, identificó como pertinentes la paralización del cobro de préstamos bancarios y la exoneración fiscal para empresas emergentes, pues sirve para contrarrestar el duro golpe que ha significado para la economía la pandemia del covid-19.

—La extensión hasta septiembre del 2021 –acotó finalmente Maldonado- de la prohibición de ejecutar garantías o créditos, es una política más que todo humanitaria, porque sabemos que todas las personas, naturales y jurídicas, están pasando por problemas económicos graves debido a la pandemia del covid-19, con capacidades mermadas para obtener ingresos. Además se estipuló que las nuevas microempresas no pagarán tasas, ni en el Saren ni en el Registro Mercantil, así como tampoco el Impuesto Sobre la Renta por los ingresos obtenidos hasta el 31 de diciembre del 2021; así se incentivaría la creación de nuevas empresas y, por lo tanto, la productividad nacional.

Freddy Omar Durán