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25 de noviembre de 2024
Carlos Casanova Leal
En principio, es importante que usted sepa que estas leyes del poder popular, comunas, ciudades comunales, parlamento comunal, más las leyes ya aprobadas de leyes comunales, reforman la Constitución bolivariana, y que en la propuesta de reforma constitucional del 2007, mayoritariamente, los ciudadanos nos manifestamos, mediante el voto, rechazando esa reforma.
Ese resultado le estableció una obligación por mandato ciudadano a Chávez, y ahora a Maduro: no avanzar con los conceptos socialistas. Y si se plantean nuevamente, debe convocarse un referendo, para negar o aprobar esa reforma.
No obstante estos señalamientos, ya se aprobaron las primeras seis leyes comunales desde el 2010, las cuales han tenido reformas, estas leyes, cuando se pudo en la Asamblea Nacional en el 2015, no se abrogaron. Frente a esa inconstitucionalidad no se hizo nada.
Este año 2021, concretamente en febrero, el régimen de Maduro propone las leyes de ciudades comunales, comunas y parlamento comunal; estas leyes, igualmente y en mayor medida, afectan la estructura constitucional, ya que cambian el modelo político del país, creando nuevas instancias de gobierno territorial, establecen las transferencias de municipios y estados a las comunas, cuyos funcionarios no surgen de una elección directa, universal y secreta, sino de una designación de voceros, que tampoco nadie los elige.
Ya previamente, con las aprobaciones de leyes habilitantes a Chávez, que le permitieron en su primera oportunidad modificar en 48 leyes el modelo económico y financiero, y con ello se potenció la intervención del Estado en la economía, avanzando en liquidar entonces con los medios de producción en manos particulares.
De esta forma, el régimen fue avanzando en cambiar el modelo económico y ahora el modelo político, sin el concurso del ciudadano.
Se ha venido aceptando la implantación del modelo socialista sin presentar una lucha frontal, resistencia, por la circunstancia, en primer lugar por ser inconstitucional y, en segundo lugar, por cuanto modifica la Constitución y por la ausencia de participación ciudadana para aprobar o negar.
La mal llamada consulta de las leyes no puede sustituir el referendo, ya que en la consulta nadie sabe, sino ellos, quién participa, solo llevando la cuenta de quiénes apoyan, pero no refleja quiénes no quieren, ya que dan por descontado su aprobación.
¿Qué están evitando? Pues el hecho de saber que el 90 % de los venezolanos rechazamos el modelo socialista y votaríamos en referendo en contra, por ello lo hacen por vía de una consulta sin la participación de ese 90 % de venezolanos, para decir después que tiene respaldo popular constituyente.
El régimen avanza entonces, sin quién lo detenga ni frene, las elecciones regionales no lo detendrán, ya que lo único que detiene la implantación del modelo político aquí comentando es que no aprueben estas leyes; si las aprueban, las implantan.
La primera derrota de Chávez fue precisamente la del referendo constitucional, y esto en razón de que se articuló una campaña racional en defensa de la propiedad, y así hasta los chavistas votaron en contra y otros se abstuvieron de participar; de hecho, Chávez en ese referendo perdió 3 millones de votos.
¿La oposición aceptará esperando regionales para final de año, la aprobación dentro de dos meses de las leyes comunales?, ¿organizará una defensa de la propiedad, del municipio y los estados por sus competencias y presupuestos?
En San Cristóbal iniciamos una defensa de la propiedad en las distintas comunidades, lo ideal es que sea la oposición, junto con la sociedad organizada, la que articule una presión suficiente para frenar el propósito de la Asamblea Nacional de aprobar estas leyes, solo así lograremos defender la propiedad privada y las autonomías de municipios y estados. Lo contrario es la simple aceptación, que se traduce en una entrega sin lucha.
Dios nos agarre confesados.
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