El tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto colombiano imputó este martes a diez militares y a un civil por las ejecuciones de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24 en la zona de frontera con Venezuela, entre 2007 y 2008.   

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló a los once hombres, entre ellos un general y dos coroneles, por su “participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión (…) presentadas como bajas en combate”, detalló la magistrada Catalina Díaz durante una conferencia de prensa.

“La evidencia indica que (…) son penalmente responsables del crimen de guerra, de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada”, enfatizó Díaz.

Entre los imputados se encuentra el general Paulino Coronado, quien para la época comandaba la Brigada 30ª del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza conocida como Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados.

Se trata de la primera imputación en el caso conocido como “falsos positivos”, el mayor escándalo que envuelve al ejército colombiano. La JEP sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008.