El procurador del Estado, Julio César Hernández, hizo un llamado al Gobierno nacional para que “se aboque a resolver la grave situación que se presenta en el vertedero El Palmar, ubicado en San Josecito y que afecta la recolección de desechos sólidos en 10 municipios”, al tiempo que manifestó que la opción de cerrar el vertedero coloca en riesgo la salud de los habitantes e implica una abierta violación al artículo 4 de la Ley de gestión integral de la basura, que ordena al Estado venezolano, “es decir al poder nacional, estatal y municipal”, trabajar en la materia.

“La gestión integral de los residuos y desechos sólidos es un servicio público que debe ser garantizado por el Estado y prestado en forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, en corresponsabilidad con todas las personas, a través de la comunidad organizada”, refirió.

Resaltó Hernández el trabajo adelantado por la gobernadora Laidy Gómez en cuanto a recursos financieros y logística para tratar de solventar el incendio que afecta el vertedero, pero aseguró que “no es suficiente”.

“Las inversiones las debe hacer el Gobierno nacional y deben estar dirigidas a transformar el vertedero en un relleno sanitario, de tal manera que los depósitos y acumulación de residuos y desechos sólidos sean separados para ser aprovechados”, subrayó el procurador.

Aseguró que ningún organismo nacional con competencia en la materia puede evadir su responsabilidad en este asunto: “La política debe ser nacional, sostenida y a mediano plazo, por lo cual no se pueden retirar maquinarias o dejar de hacer inversiones, porque se estaría violando la Ley”.

Hernández instó al poder nacional a “dar una solución contundente a esta problemática mediante la utilización de recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos, que permitan la transformación del vertedero”.

Leidy Zafra