La ONG “Una Ventana a la Libertad”  tuvo acceso a una data oficial de la Policía Nacional Bolivariana -PNB-, en la que se detalla que hay 951 reclusos en Distrito Capital, 22 en el estado Miranda, 5 en Mérida, 60 en Aragua, 107 en Carabobo, 38 en Falcón, 179 en Lara, 16 en Bolívar, 83 en Portuguesa, 108 en Anzoátegui, 198 en Zulia, 29 en Barinas, 9 en Cojedes, 83 en Táchira, 23 en Nueva Esparta, y 17 en Monagas, lo que totaliza mil 928 personas recluidas en sus comandos .

De acuerdo con cifras de esta data oficial, cuya fuente pidió no ser revelada, hay 971 privados de libertad en fase preparatoria, 608 reclusos en fase intermedia, 192 presos están en la fase de juicio, mientras que 157 de estos detenidos ya fueron condenados.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, advirtió que el Estado venezolano no se ha abocado a trabajar para frenar el hacinamiento carcelario y tampoco el que se registra en los centros de detención preventiva, conocidos también como calabozos policiales.

“Lo que está ocurriendo en las sedes de la Policía Nacional, que están distribuidas en 16 estados de Venezuela, es una muestra del caos que hay en todos los centros de detención preventiva de todo el país. Esto lo venimos denunciando desde hace ya varios años desde Una Ventana a la Libertad, a pesar de que el Gobierno y el Ministerio de Servicio Penitenciario dicen que aquí hay 30 mil cupos de más; vemos lo que pasa en la Policía Nacional, que igualmente pasa en todas las policías regionales, municipales, en las sedes de la Guardia Nacional, del Cicpc, del Sebin y en todos los lugares en donde hay personas detenidas. El hacinamiento continúa y la crisis sigue igualita”.

El abogado Carlos Nieto Palma denunció que Una Ventana a la Libertad ha monitoreado múltiples casos de presos con desnutrición: “En Venezuela, los privados de libertad se están muriendo de hambre, porque estos cuerpos policiales no tienen sustento para dar comida a los reclusos, porque son lugares transitorios, donde la gente debería estar solo 48 horas y no permanecer allí. Estas cifras de la Policía Nacional evidencian que hay población reclusa que no ha sido trasladada a cárceles, pese a estar condenados”. 

Miriam Bustos