Después de entablar conversaciones junto a un grupo de  directivos del Sindicato de Transporte, las autoridades de la alcaldía de San Cristóbal anuncian  que “hasta el momento no se ha aprobado el incremento en el costo del pasaje urbano, pese a que existía la posibilidad de ajustar la tarifa gradualmente a la realidad económica que vive el país”.

Richard García, jefe de Vialidad y Tránsito, informó -mediante una nota de prensa- que “el gremio de transportistas ha realizado el aumento de manera unilateral, pese a que aún no ha habido ninguna decisión al respecto, por lo que la municipalidad tendrá que tomar medidas en los próximos días”.

En tal sentido, iniciarán los operativos pertinentes de información a la ciudadanía y al gremio, con el apoyo de la Policía Municipal, para evitar que se siga cobrando dicho incremento sin la autorización de la alcaldía, que es el ente competente en la materia.

Advirtió que desde el Ejecutivo nacional tampoco ha habido alguna comunicación publicada en Gaceta Oficial con respecto al aumento del pasaje urbano: «Sabemos que los parámetros de las tarifas del transporte se han venido colocando últimamente según la oferta y la demanda, con lo que se ha logrado recuperar el transporte en San Cristóbal, según los sondeos que hemos realizado».

Indicó que sobre la mesa ha estado la posibilidad de aprobar un nuevo incremento, pero la decisión aún no se ha tomado: «Se debe mantener la tarifa establecida, de Bs.1.000.000, a la espera de los lineamientos nacionales y la próxima reconversión monetaria».

En cuanto a los reclamos por parte de algunos usuarios que aseguran haber sido retirados de las unidades de transporte por negarse a pagar la diferencia, advirtió que la Policía Municipal ya tiene instrucciones, mientras que a los cuerpos de seguridad nacional y al gremio de transporte se les ha exhortado a seguir los lineamientos de las autoridades nacionales y municipales.

Con respecto a las posibles sanciones que podrían levantarse a quienes hagan caso omiso del llamado, sostuvo que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, estas pueden consistir en multas, retención de las unidades e incluso iniciar investigaciones por parte de la dirección de Vialidad y Tránsito, que podrían ser remitidas al Concejo Municipal para la rescisión de las concesiones, en caso de que la falta sea reiterada.