(AFP) Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser «testaferro» del chavismo gobernante en Venezuela, condenaron el fallo de la máxima corte de Cabo Verde, donde está detenido, que autoriza su extradición a Estados Unidos para enfrentar un juicio por lavado de capitales.
«Esta sentencia (…) simboliza la muerte expiatoria del estado de derecho tan querido por los caboverdianos, al servicio de intereses puramente políticos, según una agenda dictada por Washington. ¡Es un suicidio constitucional!», dice un comunicado de la defensa enviado a la AFP en Caracas.
El Tribunal Constitucional autorizó el martes la extradición de Saab, quien fue detenido en junio del año pasado en este archipiélago africano.
Saab es acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno pudieran desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Con su socio Álvaro Pulido, también solicitado, Saab habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a cuentas extranjeras de su propiedad o que controlaba.
Un tribunal de Miami lo inculpó en julio de 2019 por blanqueo de dinero. Encara hasta 20 años de cárcel.
De momento se desconoce cuándo se producirá su envío a territorio estadounidense.
«Lanzaremos un desafío contundente a puntos legales importantes y seguiremos confiando en que Alex Saab será liberado», indicó uno de los abogados, Pinto Monteiro.
No hay otra instancia judicial en Cabo Verde para apelar el fallo.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) pidió la liberación de Saab en marzo, pero el Supremo de Cabo Verde desestimó esta petición y autorizó la extradición, decisión ratificada por la corte Constitucional.
«El Tribunal Constitucional quiso decir ‘No’ a los derechos humanos, al derecho internacional, al sentido común, a la conciencia jurídica y a los valores de la justicia y el estado de derecho», indicó el comunicado de la defensa.
El gobierno de Maduro, que otorgó a Saab la nacionalidad venezolana y título de diplomático, calificó siempre la detención de «arbitraria», mientras que su equipo legal sostiene que su defendido fue sometido a «torturas físicas y psicológicas» y corre peligro si es enviado a Estados Unidos.