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23 de noviembre de 2024
Elio Arellano Zambrano, habitante del municipio Jáuregui, denunció ante el Ministerio Público a cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), seccional La Grita, por presunto abuso de poder y de confianza.
Arellano explicó, con la denuncia que hizo en el Ministerio Público en mano, que todo comenzó hace un año, cuando un ganadero de apellido Duque le solicitó los servicios de remolque para transportar un camión cargado de ganado que se había quedado accidentado. desde la población de San José de Bolívar hasta la ciudad de La Grita.
En primera instancia, la respuesta de Zambrano fue que no podía movilizarse porque ya era tarde y. además, no tenía gasoil, pero finalmente llegaron a un acuerdo, por 400 dólares.
Al llegar al matadero de La Grita para dejar el ganado, Duque, dueño del camión, le informó a Arellano que no tenía para pagar el servicio de remolque y le ofreció la batería del vehículo, como garantía de la deuda contraída, pero no cubría el valor del viaje; por ese motivo, Arellano se llevó el camión a su domicilio, mientras reunían el dinero del servicio de traslado.
Días después, según narró el denunciante en Diario La Nación, la persona le abonó 250 mil pesos colombianos a Arellano, quien los aceptó y posteriormente le indicó que el acuerdo establecido originalmente eran dólares, no pesos, y por ese motivo no le entregó el vehículo.
“Posteriormente se presentó a su casa una comisión del Cicpc, seccional La Grita, encabezada por una comisaria y dos detectives, quienes lo trataron mal verbalmente y además se lo llevaron detenido” a la sede del Cicpc en el municipio Jáuregui.
“La comisaria le dijo al dueño del camión que, si quería pagarme, que me pagara algo, y que si no quería, no me pagara nada; y continuó diciéndole: `o entrega el camión o lo dejo preso y le abro un expediente”, concluyó.
Arellano explicó que, ante dicha amenaza, se vio forzado a entregar el vehículo y, además, le tocó trasladarlo a un taller mecánico, escoltado por los funcionarios del Cicpc.
Asimismo, Arellano manifestó que puso la denuncia en la Fiscalía y en la sede del Cicpc San Cristóbal, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta, y acotó que ha gastado 1.700.000 mil pesos colombianos, entre el pago de los servicios del abogado y los viajes desde La Grita hasta San Cristóbal, para que se haga “eco de su denuncia”.
Finalmente, exigió a las autoridades que cumplan con su deber, y espera que no se sigan cometiendo estos abusos de autoridad, y les solicitó a los ciudadanos denunciar estos hechos. Acotó que en La Grita, todos los problemas los quieren resolver con dinero y por ello, siembran el temor en la población, y los mismos no quieren denunciar, resaltó. (D.B)
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