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Política
Aprobó el Parlamento investigar posible centrífuga de dinero en efectivo por el Terminal de Pasajeros
19 de enero de 2018
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Ante la exigencia del pago en efectivo de los pasajes interurbanos en el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal y el registro de ingresos entre 4 mil y 6 mil millones diarios, sin saber cuál es su destino final pero bajo la presunción de que son usados para hacer una triangulación ilícita en el vecino país y haya una posible centrífuga de billetes, el diputado de la fracción de la unidad democrática del Consejo Legislativo, Álvaro Peña, solicitó se iniciara una investigación conjuntamente con los órganos de seguridad pertinentes, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los parlamentarios.
Peña, miembro de la comisión de Servicios públicos del CLET, precisó: “Allí hay varias decenas de líneas de las cuales salen al menos diez o quince busetas; todas cobran en efectivo el pasaje, cuando se multiplica la cantidad de usuarios por buseta y la cantidad de unidades y se multiplica por el total de la líneas, se estima que se manejen en ingreso entre 4 mil y 6 mil millones de bolívares diarios en efectivo, cuyo manejo creemos es superior al que hacen los bancos en San Cristóbal”.
—Para un usuario, ir a buscar 60, 80, 90 mil, 100 mil y 200 mil bolívares en efectivo y así pagar un pasaje es casi imposible y representa una incomodidad; y además nos preguntamos qué hacen los señores con esa cantidad de efectivo que reciben ¿Cómo es posible que el sistema bancario venezolano no les haya asignado un punto de venta para pasar tarjeta?.
“Lo anterior, lo hemos alertado por unanimidad los diputados del Legislativo y estamos solicitando básicamente a los factores de seguridad del Estado, Policía, Guardia Nacional, Sebin, CICPC, entre otros, que se investigue ese tema y se invitará a los representantes de las líneas de transporte y a quienes tienen que ver con ese terminal para que podamos buscar una salida que, a mi juicio, es el pago con tarjeta de débito, es imposible que se le exija a un pasajero que pague hasta 200 mil en efectivo”.
—Hemos recibido denuncias de que hay gente en las adyacencias que les vende efectivo a las personas pero les cobran hasta el 100 % del costo real, eso se parece muchísimo a lo que denominan “la vuelta” en Cúcuta, y es una de las cosas que nos hace presumir que una gigantesca cantidad de efectivo como la señalada puede estar dando una vuelta en Cúcuta y regresando como transferencia— esgrimió el parlamentario.
“Ejerceremos acciones contra las mafias”
La legisladora Nellyver Lugo, quien preside la Comisión de Servicios públicos en el Consejo Legislativo, comentó que desde diciembre se abrió una investigación al sector del transporte público conjuntamente con las fuerzas militares y el presidente del Parlamento, Jonathan García, y “podemos concluir que esas declaraciones son totalmente ciertas: existen mafias que operan alrededor del papel moneda o billete para tratar de generar el golpe a la economía venezolana para tratar de hacerse a unos recursos por vías ilegales”.
-Eso –recalcó Lugo- llevó a una auditoría del transporte y actividades que se han practicado en el Terminal de Pasajeros, cuyas autoridades esperamos terminen de ser nombradas para la ejecución de otras acciones, porque el objetivo es evitar que este hecho se registre y que sean sancionadas las personas que se presten para delinquir con el dinero en efectivo que, lamentablemente, es trasladado al Norte de Santander, donde hay un lavado propio para tratar de afectar la economía venezolana.
Destacó que entre las acciones previstas, figura solicitar a la banca la habilitación de más puntos para “obligar en el marco de la ley el acceso a los bienes y servicios de precios justos, no solamente al Terminal de Pasajeros sino en otros establecimientos, como en el mercado de Los Pequeños Comerciantes”.
En todo caso, insistió la parlamentaria que “de este tema y cómo se trata de desvirtuar exigiendo el pago en efectivo y no aceptando el nuevo cono monetario, hay mucho que hablar en este parlamento regional, porque estamos convocando tanto a la banca pública como privada para exigir que se sepa quiénes tienen los puntos de venta y la obligación de usarlos”.
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