Perú canceló el miércoles 22 de diciembre a último momento la expulsión de 41 venezolanos que se encontraban en su mayoría “ilegalmente” en el país o tenían antecedentes criminales, porque Caracas no autorizó el ingreso del avión en que viajarían, informaron autoridades.
El presidente peruano, Pedro Castillo, que asistió a la terminal aérea militar de Lima para presenciar la expulsión de los migrantes -una promesa de campaña-, se tuvo que retirar ante el inesperado acontecer.
“El operativo no se materializó porque (en) las insistentes comunicaciones que realizamos con la cancillería venezolana no obtuvimos respuesta. Inclusive el presidente trató de comunicarse con el presidente Maduro en la mañana”, dijo en conferencia de prensa el ministro del Interior, Avelino Guillén.
Guillén explicó que los 41 ciudadanos venezolanos que iban a ser trasladados “fueron puestos en libertad por la tarde, ya que para seguir privándolos de su libertad por más de 24 horas se requería un mandato judicial”.
El ministro indicó que el viernes 17 el Ministerio de Relaciones Exteriores efectuó los “requerimientos y solicitudes respectivas” ante la Cancillería de Venezuela para el sobrevuelo del espacio aéreo de ese país y el aterrizaje de forma temporal de una nave peruana.
Las autoridades se vieron forzadas a reprogramar el viaje para una fecha indefinida.
“Respecto del vuelo de retorno que realizaba un grupo de ciudadanos venezolanos a su país el día de hoy, se informa que (…) ha tenido que ser reprogramado por razones técnicas”, indicó más temprano la Cancillería en Twitter.
“Las autoridades del Perú y de Venezuela están trabajando para superar los inconvenientes y proceder con el retorno de ciudadanos venezolanos a su país en el más breve plazo”, agregó.
Entre los 41 venezolanos (10 mujeres y 31 hombres) detenidos en Lima en la madrugada hay 18 con antecedentes policiales en Venezuela y 23 que “están en situación ilegal en Perú”, según indicó una vocera del Ministerio del Interior.
La frustrada expulsión iba a marcar el reinicio de estas operaciones en Perú. La última ocurrió en enero de 2020, cuando se deportó a 131 venezolanos con antecedentes criminales.
La policía peruana creó en 2020 una brigada especial para combatir a las bandas extranjeras en el país, ante una ola de asaltos y crímenes perpetrados en su mayoría por venezolanos, según la misma institución.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó entonces a Perú de perseguir a los migrantes venezolanos con la creación de la brigada policial y calificó la medida como un “insólito derroche de xenofobia”.
Perú expulsó a 890 venezolanos en 2019 por haber ingresado con documentos falsos. /AFP