Internacional

Trump, un primer año de gobierno con centenas de miles en limbo jurídico

20 de enero de 2018

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WASHINGTON (AFP) – Donald Trump completa su primer año al frente del gobierno de Estados Unidos con centenas de miles de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen latinoamericano, en un limbo jurídico como resultado de decisiones de la Casa Blanca.

Trump había prometido durante su campaña «mano dura» con los inmigrantes ilegales, pero los que ahora están sumergidos en la incertidumbre gozaban hasta hace poco de una situación legalizada.

El primer capítulo ocurrió en septiembre de 2017, cuando el gobierno anunció la decisión de no renovar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), adoptado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, y que permitía regularizar a los inmigrantes llegados ilegalmente al país siendo niños.

Con ese plumazo, el gobierno de Trump empujó a la ilegalidad a un contingente estimado oficialmente en unos 690.000 inmigrantes que hasta ese momento habían regularizado su situación, aunque otras estimaciones elevan ese número a casi 800.000 personas.

Desde entonces, la situación de esa enorme legión de inmigrantes regularizados se tornó el centro de un interminable forcejeo político y judicial.

El 9 de enero, un juez federal dejó sin efecto la orden de Trump de no renovar el programa DACA y con ello el gobierno federal se vio forzado a recibir pedidos de renovación de los permisos ya existentes que estaban a punto de caducar.

Impacto devastador

En tanto, los legisladores del Partido Demócrata adelantaron que obstaculizarán cualquier negociación para aprobar un nuevo presupuesto federal definitivo para el año fiscal si esa legislación no contempla también una vía de solución para los centenas de miles de beneficiarios del DACA.

La Cámara baja aprobó el jueves un proyecto temporal de presupuesto, que ahora está en manos del Senado, que tiene plazo hasta la medianoche de este viernes para votar.

Desde la Casa Blanca, Trump envió una señal clara: si quieren que el presupuesto incluya una cláusula para mantener en la legalidad a los jóvenes del programa DACA, los demócratas deberán también aprobar recursos para construir un muro en la frontera con México.

Desde el anuncio del fin del programa DACA diversas entidades han sacado papel y lápiz para estimar el impacto económico de la decisión, y los resultados son alarmantes.

Según el Centro para el Progreso Estadounidense, un centro de reflexión política de Washington, el fin del programa arrojaría en la ilegalidad o la perspectiva de la deportación a más de medio millón de personas, con un costo para el país de unos 433.000 millones de dólares en un plazo de una década.

De acuerdo con los cálculos del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, el fin del DACA significaría el fin inmediato del derecho de trabajar legalmente para unas 645.000 personas, con un costo monumental para que los empleadores repongan esa mano de obra.

Estos números explican porqué hasta la poderosa Cámara Estadounidense de Comercio se sumó a iglesias y sindicatos en un pedido al gobierno para que reconsidere el fin del programa DACA y solicitaron al Congreso que aprueba una alternativa.

Fin de protección humanitaria

Pero al cumplirse el primer año de Trump en la Casa Blanca, el drama de la incertidumbre entre inmigrantes no se limita a los beneficiarios del DACA, sino que afecta además a extranjeros que habían recibido permisos de residencia por motivos humanitarios.

En noviembre pasado el gobierno inició una proceso de revisión que lo llevó a cancelar el Estatus de Protección Temporaria (TPS) para ciudadanos de varios países latinoamericanos.

Inicialmente, retiró el TPS para unos 5.300 nicaragüenses protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.

Dos semanas más tarde, el gobierno removió también la protección para unos 50.000 haitianos, que encontraron refugio en Estados Unidos luego del devastador terremoto de enero de 2010 que dejó devastación y más de 200.000 muertos.

Pero el paso más demoledor llegó el 9 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) revocó el TPS para ciudadanos de El Salvador, poniendo unas 195.000 personas ante la perspectiva de la deportación o la ilegalidad.

En el caso de nicaragüenses, haitianos y salvadoreños, se trata de personas que residen legalmente en el país, que trabajan o estudian y pagan impuestos, y ahora tienen por delante la perspectiva concreta de la expulsión del país.

Los salvadoreños aún tendrán un plazo de prórroga de 18 meses, pero a partir de allí tendrán que buscar otra vía legal para continuar en el país o prepararse para retornar a su país de origen.

Para el gobierno, las condiciones que motivaron la oferta de ayuda ya han sido superadas y los tres países están en condiciones de recibir de vuelta a esos miles y miles de personas.

Compendio: María Teresa Amaya/coordinadora de noticias internacionales/ Diario La Nación