La comisión del Parlamento venezolano que investiga la muerte del expolicía Oscar Pérez y seis de sus compañeros en un operativo de las fuerzas de seguridad denuncio hoy 31 detenciones “arbitrarias”, entre ellas de familiares y amigos de los fallecidos, y amenazas contra sus allegados.

“Hemos podido verificar 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre de El Junquito (como denomina el caso el Parlamento- de mayoría opositora-), familiares directos e indirectos y amigos cercanos de las víctimas de la masacre”, dijo la presidenta de la comisión especial del Parlamento, Delsa Solórzano.

En rueda de prensa, indicó también que desconocen el paradero de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco del operativo policial del lunes pasado, en el que murieron nueve personas, entre ellas Pérez y dos agentes.

“Han sido amenazados los familiares, hay serias amenazas en contra de varios familiares, de varios amigos cercanos e incluso de los empleadores de las personas asesinadas“, agregó sin especificar de parte de quién vienen las supuestas amenazas.

Solórzano denunció “allanamientos de morada sin orden judicial” y “lesiones gravísimas en contra de varios ciudadanos a los cuales fueron simplemente a interrogarlos sobre su relación personal con los fallecidos”.

“Todo esto constituye sin duda alguna una gravísima violación de derechos humanos”, apuntó y destacó que el lugar donde se registró el operativo para la captura de Pérez y sus compañeros fue destruido.

Asimismo, reiteró que seis de ellos murieron por un disparo en la cabeza, según se pudo ver en el acta de defunción, algo que, señaló, constituye un “patrón”.

Esto “genera dudas ¿en qué momento murieron? ¿después de recibir los disparos con el arma militar? (…) ¿murieron con el RP3 lanza cohetes o murieron después ajusticiados?”, señaló.

Asimismo, informó que este lunes solicitarán a los organismos correspondientes una indemnización y protección a los familiares de los fallecidos.

Además, pedirán en la morgue principal de Caracas las autopsias, pues uno de los integrantes del grupo de Pérez era de sexo femenino y, según dijo, algunos de los familiares de la mujer, identificada como Lisbeth Ramírez, han relatado que tenía dos meses de retraso en su ciclo menstrual.

Solórzano adelantó que los diputados han acudido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar las actuaciones con respecto a este caso y hasta el momento no han obtenido respuesta.

Pérez se rebeló contra Maduro en junio pasado al sobrevolar Caracas con un helicóptero de la Policía científica y disparar contra dos edificios oficiales sin causar heridos o muertos.

Desde entonces grabó desde la clandestinidad varios vídeos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno chavista.

Antes de morir, Pérez subió a las redes sociales varios vídeos desde el interior de la vivienda, en los que pedía a los agentes que le dejaran entregarse. EFE