“La negativa del Consejo Nacional Electoral a un referendo revocatorio por parte del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro, y la intención de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez de intimidar a los promotores de esta actividad, constituye según el estatuto de Roma un delito de lesa humanidad por persecución política”.
Así lo aseguró el defensor de derechos humanos y exdiputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien afirmó que esa situación obliga a los promotores de derechos humanos y de ese evento a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para solicitar la responsabilidad internacional del Estado presidida por Nicolás Maduro, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por el crimen de persecución establecido en el artículo 7 del estatuto de Roma.

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Por su parte, el exgobernador del Táchira e integrante del Movimiento Venezolano por el Referendo Revocatorio (Mover), César Pérez Vivas, indicó que las amenazas de las cuales son víctimas “es una prueba más del control político que ellos ejercen sobre el órgano electoral venezolano, además de ser un grave delito al convertirse en el negador y al pretender criminalizar el ejercicio de un derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución”.
Vivas responsabilizó a Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro de la integridad física de los integrantes de Mover en especial de Nicmer Evans y su persona.
Bleima Márquez/@bleimamr