Managua, Nicaragua | AFP | El ambiente en la Universidad Politécnica es tenso. Como a varias otras entidades educativas privadas críticas del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, le retiraron su derecho a operar. Embargados por la incertidumbre, sus alumnos sufren un atentado contra la libertad de pensamiento, dicen organismos de derechos humanos.
“La situación de los centros afectados por la medida es confusa, porque legalmente les quitan el derecho a operar. Pero luego pasan al control del CNU [Consejo Nacional de Universidades], con lo que parece más una expropiación”, explicó a la AFP la vicepresidenta de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Dolly Mora.
Esta semana, a través del Congreso, controlado por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se retiró la personería jurídica a cinco universidades, entre ellas la Politécnica (UPOLI), cuna de las protestas estudiantiles contra el gobierno de Daniel Ortega en el 2018.
Esas manifestaciones desencadenaron una crisis donde murieron 355 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para el gobierno, fue un intento de golpe de Estado.
Entre las afectadas por la decisión del Parlamento, adoptada tras una solicitud del gobierno de Ortega, están la Popular de Nicaragua (Uponic) o la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH).
En tanto, el ministerio de Gobernación (Mingob) también canceló el permiso de operación a otras siete universidades de origen extranjero, algunas de las cuales ya no registran actividad en el país.
En diciembre el Congreso ya había aplicado similar medida con la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), que pasó a ser controlada por el CNU, luego de que se retiraran todos sus emblemas del local.