Mauricio R. Pernía-Reyes *

El pasado 25 de enero la organización Transparencia Internacional hizo público el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 el cual se evidencia que los niveles de corrupción se han estancado en la última década, y esto “en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia”, agregando que 27 países evaluados han obtenido la puntuación más baja de su historia.
Venezuela desde 2017 registra un descenso continuado en el IPC, obteniendo en esta edición solo 14 puntos en una escala de 100 posibles, estando acompañado de Somalia, Siria y Sudán del Sur en los 4 últimos puestos de los 180 países evaluados. Los mejor calificados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, cada uno con 88 puntos de 100.
Resalta el IPC que Transparencia Internacional identificó que es consistente que los países en los que se vulneran las libertades civiles obtienen las puntuaciones más bajas en esta medición. En efecto, la permisividad en la lucha contra la corrupción se constituye en territorio libre para violaciones de derechos humanos debilitando la democracia, generando de esta forma una espiral viciosa en la gestión pública. Así, en tanto se deterioran los derechos, sus garantías y las libertades y se disminuye la democracia, aumenta la corrupción.
Una sociedad en la que la corrupción es la norma, pueden verse casos de gran corrupción en pacífica coexistencia con otros grados de corrupción menor acompañados de la falta de transparencia y del acceso a la información pública. Ello tiene consecuencias directas e inmediatas con la calidad de la gestión estatal especialmente en modelos como el venezolano, en la que el Estado dirige en exclusividad los servicios públicos como la energía eléctrica, la compra, producción, distribución y comercialización de combustibles, agua potable, gas doméstico, sistema de salud y telecomunicaciones, entre otros. En el acceso a tales servicios la corrupción se convierte en obstáculo y lesiona el derecho a la paz.
Por otra parte, el Instituto para la Economía y la Paz, quien elabora el Índice de Paz Global (IPG) ofrece la visión de la construcción de paz positiva sobre la base de ocho pilares, compuesto por los siguientes:  bajos niveles de corrupción; aceptación de los derechos de los demás; la libre circulación de la información; un entorno empresarial sólido; alto nivel de capital humano; distribución equitativa de los recursos; buenas relaciones con los vecinos, y; un gobierno que funcione eficazmente. Cada ellos suponen grandes desafíos institucionales, empresariales y de la sociedad civil, para la creación, fortalecimiento y consolidación de cada uno de estos pilares.
En el IPG de 2021 Venezuela ocupó el puesto 152 de 163 evaluados, siendo claro que el deterioro y derrumbe de estos pilares constituyen verdaderos obstáculos para la paz. La invitación es a analizar como la corrupción lesiona los derechos humanos, el derecho a la paz y avanzar decididamente a edificar estos pilares para la génesis de una convivencia pacífica y la promoción de un entorno próspero.
*Profesor universitario