Se cumplieron este martes, 15 de febrero, 24 años de la muerte del estudiante de la Esguarnac, Johan Alexis Ortiz Hernández, fecha que su familia recuerda con dolor y, aún más, con indignación, al observar que, más de dos décadas después del crimen, el joven tachirense no ha recibido justicia.
“Quisiéramos, como familia de Johan Alexis, que la Fiscalía General de la República, a cargo de Tarek William Saab, se uniera a la Fiscalía del Táchira, en busca de justicia por el homicidio de mi hijo, Que se unan a favor de la víctima y terminen de resolver ese caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió su juicio, mi hijo fue asesinado”, pidió Édgar Ortiz.
Añadió que, hace más de cuatro años, el Estado venezolano admitió internacionalmente su responsabilidad en la muerte del joven estudiante y, en consecuencia, dictar una sentencia que sirva para resarcir, de alguna manera, los daños ocasionados a la familia, pero esto no se ha cumplido a cabalidad.
De hecho, recientemente, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas -Aidef-, al percatarse solo del cumplimiento parcial de la mencionada sentencia, solicitó al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri, una audiencia de revisión contra el Estado venezolano.
“En esa revisión que se hizo se acordó que, para el mes de enero, representantes del Estado venezolano (Ministerio Público) debían ponerse en contacto conmigo, y no lo hicieron. No me llamaron. Esa fue una de las decisiones que la corte tomó, tras la revisión de incumplimiento que hizo. Recomendó que me llamaran y cumplieran, pero no ha pasado. Hasta los primeros días abril, dieron plazo para que esta recomendación se cumpla y para que, en un informe, se diga todo lo que se ha hecho”, explicó Ortiz.
En la muerte de Johan Alexis, para ese entonces de 19 años de edad, se vieron implicados funcionarios de la Guardia Nacional, algunos han sido ascendidos, con el paso del tiempo, y otros ya no están activos. Eso se determinó en el juicio, que finalizó en 2017. El Estado venezolano fue responsabilizado por el hecho, y este lo admitió.
Entre los varios puntos de la decisión, el Estado venezolano está en la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables por la muerte de Johan. Esto incluye sancionar a fiscales y jueces, por demorar el proceso y denegar justicia.
Johan fue asesinado el 15 de febrero de 1998, durante una práctica de campo que realizaban los estudiantes de la Esguarnac en la sede de los Comandos Rurales, ubicada en el municipio Fernández Feo.
Se estableció una confabulación entre los hoy responsables, que planearon el homicidio del joven por los celos de uno de ellos, a raíz de la supuesta relación amorosa que Johan sostenía con la esposa de uno, dio paso al crimen, que luego pretendieron hacerlo ver como un hecho accidental.
Miriam Bustos