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Mal procedimiento policial terminó en tiroteo | Diario La Nación lo recuerda

6 de marzo de 2022

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Armando Hernández

La ciudad prácticamente se paralizó por la conmoción que causó “un fuerte intercambio de disparos” que se estaba suscitando a pocos metros de la sede de la Policía Técnica Judicial, en la avenida Marginal del Torbes, sector de La Concordia, entre delincuentes que se encontraban en una patrulla tipo jaula, desde la cual efectuaban disparos contra los detectives de la petejota y policía del estado Táchira, que para ese entonces llevaba el nombre de Dirección de Seguridad y Orden Público (Dirsop).
Los hechos ocurrieron en la mañana de un domingo del mes de diciembre de 1982, y la conclusión de los investigadores fue que se trataba de un increíble y, al mismo tiempo, injustificable error de procedimiento por parte de los funcionarios que realizaron los arrestos, puesto que estos incurrieron en negligencia al introducir a los detenidos a una patrulla sin practicar el correspondiente cacheo. Por ese motivo, no se percataron que uno de los presos tenía en su poder un arma de fuego, que utilizó en el incidente que dejó saldo de una persona fallecida y dos heridas, una de ellas de gravedad.

Sospechosos detenidos

Todo se inició cuando una comisión mixta, conformada por funcionarios de la Dirección de Seguridad y Orden Público (Dirsop) y Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación Táchira, desarrollaban acciones comprendidas en la “Operación Navidad 1982”, entre ellas labores de vigilancia y patrullaje, identificación de personas y chequeo de vehículos. Aquellos ciudadanos que por algún motivo eran considerados como sospechosos, deberían ser trasladados a la sede de PTJ, para revisión de antecedentes y aclarar su situación ante la justicia.
Los funcionarios estaban apostados en la carrera 6 con calle 4, zona comercial, cuando observaron a dos jóvenes que llegaron ascendiendo por las escalinatas que comunican con el barrio 8 de Diciembre, considerado, hace 40 años, como una de las barriadas más peligrosas de la ciudad.
Los dos jóvenes fueron interceptados por los policías, que les solicitaron la respectiva identificación. Como por inercia, ya habituados a este tipo de procedimientos, guardaron los documentos en sus bolsillos y llevaron a los detenidos al interior de la unidad patrullera tipo jaula, cuya reja aseguraron con un par de esposas de uso policial.
Eran las primeras detenciones del día, y pese a que los funcionarios recorrieron el casco central de San Cristóbal en busca de otros sospechosos, no lograron apresar a más nadie, por lo que, al promediar la mañana, optaron dirigirse a la sede de la PTJ, en la Marginal del Torbes, sector de La Concordia, para hacer la revisión de antecedentes y conocer la situación judicial de los dos hombres.
La unidad patrullera, identificada como P-18, se desplazó por la prolongación de la avenida García de Hevia, para llegar hasta la esquina de calle 5 de La Concordia, por donde bajó buscando el sector Plaza Venezuela. De allí cruzó a la izquierda, para tomar la calle principal de Riberas del Torbes, por donde caerían directamente a la avenida Marginal, muy cerca de la sede de Policía Judicial.

Intercambio de disparos

Apenas el carro policial había avanzado unos metros por la avenida, cuando el conductor escuchó golpes en el vidrio posterior, que daba acceso visual a la jaula. Cuando volteó para averiguar el motivo de esos golpecitos en el vidrio, quedó momentáneamente petrificado, al encontrarse con un arma de fuego que le apuntaba a la altura del rostro, y la fría mirada de los dos presos, que le decían algo que no lograba entender. El funcionario apenas si tuvo tiempo para detener la patrulla y saltar de ella, en tanto que su compañero, que iba de pasajero en la parte delantera, hizo lo mismo por la otra puerta.
Esta maniobra fue advertida por los detectives de PTJ que marchaban detrás en una patrulla de su institución. Intentaron bajar para indagar qué estaba ocurriendo y es en ese momento que se producen los primeros disparos, que los obligan a buscar refugio detrás de su vehículo. Las detonaciones de arma de fuego atrajeron a otros funcionarios que se encontraban en su comando, y pronto llegaron, con armas de corto y largo alcance, para intervenir y tratar de conseguir que los detenidos depusieran su violento comportamiento.
Los sospechosos también dispararon contra funcionarios del Cuerpo de Vigilancia del Tránsito Terrestre, cuya sede se encontraba cerca de donde quedó estacionada la patrulla, hoy comando de la Policía Nacional Bolivariana. Se asomaron por simple curiosidad y también recibieron balas, según se comentó después.
El curioso e inusual hecho fue reseñado por las emisoras de radio, y numerosas personas, en calidad de curiosas, intentaban llegar al sitio, lo que obligó a las autoridades a acordonar el área y mantenerse a cierta distancia, por razones de seguridad. El tránsito de vehículos por la avenida Marginal del Torbes fue suspendido.
Solo se permitía el ingreso al área de unidades patrulleras, en calidad de refuerzos, y las ambulancias de los bomberos, que llegaron para atender posibles heridos.
Por casi dos horas se prolongó el tiroteo. En un primer momento desde la unidad patrullera y luego, en zona boscosa, a donde se internaron luego de escapar de la P-18.

La negociación no funcionó

Las autoridades realizaron diversos intentos por lograr que los jóvenes detenidos se entregaran y depusiera el armamento que portaban, pero el diálogo y la negociación no funcionaron. Se solicitó la presencia de fiscales del Ministerio Público, que también fueron desoídos en sus planteamientos y no lograron ninguna respuesta, pese a las promesas de resguardarles su integridad física. Desde el interior de la patrulla se disparaba contra todo aquello que se moviera o se aproximara desde el exterior. Pese a la cantidad de disparos realizados, a los delincuentes no se les acababan las balas. Luego se supo que uno de ellos tenía entre sus bolsillos munición calibre 38, que utilizó para recargar su revólver en varias ocasiones.
En un esfuerzo por lograr que se rindieran se procedió a lanzar gases lacrimógenos al interior de la unidad patrullera, pero el plan resultó un desastre, puesto que el gas, llevado por el viento, terminó por afectar a los funcionarios que mantenían cerco en torno a la patrulla y se vieron obligados a retirarse.
La unidad patrullera estaba cubierta de gas cuando se escucharon detonaciones y entre la bruma se pudo observar a dos hombres saliendo de la jaula policial para internarse en la zona de vegetación que colindaba con el sector Colinas del Torbes, desde donde continuaron los disparos. Los investigadores establecieron que el pistolero, en medio de los gases, disparó dos veces contra las esposas metálicas, destrozándolas. De esta manera lograron salir de la unidad policial y llegar a la zona boscosa.
El adverso efecto del gas lacrimógeno hizo cambiar el plan de acción, puesto que la salida de la patrulla y el ingreso de los pistoleros a zona boscosa tomaron por sorpresa a los funcionarios, que se vieron en la necesidad de ingresar al área para tratar de darles captura.

Un muerto y dos heridos

La frecuencia de los disparos fue disminuyendo en la medida que los funcionarios avanzaban y tomaban posiciones estratégicas. Entre la maleza se pudo observar dos brazos en alto y un joven que lentamente caminaba hacia ellos. Se impartió la voz de alto y se ordenó a los funcionarios abstenerse de disparar. Dos de los detectives de PTJ llegaron hasta el hombre y lo derribaron, para cerciorarse que no estaba armado. En efecto, no lo estaba.
Se percataron que sus heridas eran de gravedad y lo entregaron a efectivos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, que lo llevaron, en ambulancia, al puesto de emergencia del Hospital Central. Allí se determinó que se trataba de un adolescente de 17 años, con residencia en el barrio 8 de Diciembre, quien aclaró que durante los hechos nunca portó ni accionó arma de fuego. Los médicos le apreciaron heridas de bala en abdomen, tórax y espalda, con lesión de pulmones, por lo que fue operado de urgencia.
Tras la evacuación del primer herido no se produjeron más disparos y por eso fue impartida la orden de avanzar. Fue así como pudieron encontrar en una alcantarilla, inconsciente y cubierto por la vegetación, al otro hombre, identificado como Oscar Gutiérrez Méndez, venezolano de 19 años de edad. A su lado estaba el revólver que utilizó para oponer resistencia a la autoridad.
Fue llevado al Hospital Central, con heridas de bala en la frente, hombro y tórax. Poco después se informó sobre su fallecimiento. El tercer herido fue un funcionario de PTJ que recibió disparos a la altura de las manos.
Se determinó en la investigación que Gutiérrez Méndez presentaba amplio prontuario policial por diferentes delitos y, en efecto, era la persona que portaba el arma, para la cual tenía balas en sus bolsillos.

Error de procedimiento

Las investigaciones sobre lo ocurrido no se hicieron esperar y una comisión de alto nivel fue conformada para establecer responsabilidad. Desde el primer momento, el caso fue calificado como de negligencia policial y se habló de un error de procedimiento, inexplicable e injustificable, y falta de coordinación entre funcionarios debidamente entrenados, que por su accionar no solo fueron responsables de una situación peligrosa, que no solo colocó en riesgo sus propias vidas, sino la integridad de personas inocentes, de los mismos detenidos y los funcionarios policiales, que para enmendar la situación fueron trasladados al sitio en calidad de refuerzos.
Se llegó a la conclusión que no hubo cumplimiento de los protocolos de seguridad policial y sí un exceso de confianza. Cuando los dos jóvenes fueron detenidos por la comisión mixta Dirsop – PTJ, se produjo un gran descuido. Ninguno de los funcionarios se ocupó de practicar chequeo y requisa corporal, puesto que cada grupo pensó que esa tarea ya había sido realizada por el otro equipo. Pero no fue así. Los dos detenidos fueron encerrados en la unidad patrullera P-18, de manera apresurada. Ni siquiera se verificó su identidad. Nadie les practicó cacheo y por eso los funcionarios nunca se percataron que tenían un arma de fuego en su poder, la cual utilizaron para crear la situación de caos que se vivió, por espacio de varias horas, en esa zona de La Concordia, con resultado trágico, según lo explico un jefe policial.
Como consecuencia de ello, se produjeron detenciones, destituciones y trasferencias, a las cuales no escaparon los jefes de despacho, a quienes se acreditó responsabilidad por los errores cometidos por sus subalternos.
La Unidad patrullera P-18 fue colocada a órdenes de Fiscalía para inspecciones de tipo técnico. En ella se encontraron numerosos orificios de bala y las esposas policiales, con las que estaba asegurada la reja, antes de que “fueran reventadas a plomo”. También se localizaron los casquillos de bala, que una vez contabilizados, permitieron establecer la cantidad de veces que el arma fue recargada en el interior del vehículo policial.
Así mismo, se comentó que lo ocurrido llevó a la revisión de los pensum de formación policial, en cuanto al chequeo y traslado de detenidos se refiere, y destacar la necesidad de cumplir los protocolos policiales al pie de la letra. Fueron chequeados los planes procedimentales.
A partir de ese momento, en cada comisión, se designaba como responsable a un jefe de jerarquía, que asumiría la dirección de la operación y verificaría que las cosas se hicieran conforme al manual. A partir de ese momento nadie que no fuera identificado, chequeado y requisado, pasaba en calidad de detenido a una patrulla policial.